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por Diego Ayma Ayma
·La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó ante la Comisión de Fiscalización para responder por la presunta vinculación a una organización criminal, la cual operaría en la Fiscalía de la Nación.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó este martes ante a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre las investigaciones que comprometen a ella y sus asesores en una presunta organización criminal.
"Hay una venganza política"
"Asisto a esta comisión como la demócrata que soy", manifestó.
"He sido convocada para informar sobre la calumniosa imputación de ser lider de una organización criminal enquistada en la Fiscalía de la Nación y vengo a desmentirla totalmente. Quiero ser enfática en aclarar que no existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal (...) Hace ya casi un año de mi denuncia constitucional por actos de corrupción se dio un golpe de Estado que tenía como parte de su plan de acción mi detención. Ahora nuevamente cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros buscan mi salida de la Fiscalía de la Nación. Entonces, no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Ambas cosas conforman un binomio en mi contra porque todo este show político es la más clara expresión de la politización de la función fiscal y policial y la venganza contra quienes enfrentamos realmente al poder de turno", dijo.
"No me siento una divinidad, ni una heroína, pero sí una fiscal con más de 28 años de servicio al Ministerio Público. Trabajo desde el año 1995, he ascendido peldaño a peldaño y todo en concurso público en la carrera fiscal. Nunca tuve que servirme de un caso al placer de la exposición en los medios de comunicación. En mi carrera fiscal nunca agaché la cabeza. Por eso con la frente en alto y firme ante todos ustedes puedo definirme como una fiscal que defendió el Estado de derecho y junto a millones de peruano lucho para salvar nuestra democracia buscando la defensa de los derechos humanos y sobre todo cumpliendo el deber de respetar el debido proceso", indicó.
"Denuncio un montaje"
"Hace poco más de una semana me dirigí a todos los fiscales (...) y a los coordinadores nacionales. Y hablé de la lealtad y la traición, pues hoy ante ustedes hago mea culpa de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido el apetito del poder. Cuando conformé el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder buscaba el combate a la criminalidad gubernativa, cuya esencia última no radica en la subversión, sino en la manipulación interesada en los resortes del propio orden establecido. Denuncio un montaje, una motivación política porque las investigaciones sobre las muertes sucedidas en las protestas sociales no debían detenerse y debían determinarse las responsabilidades para que sea este parlamento el que decida la procedencia de una denuncia constitucional contra quien envió una insinuación amenazante a través de un medio de comunicación. Además, ahora lo puedo decir que al interior del Ministerio Público se sabía muy bien que se iba a cambiar a la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder debido a los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información para someter a investigados con procesos mediáticos y no jurídicos. La fiscal Barreto sabía que se produciría el cambio y ella solicitó mantenerse hasta el 7 de diciembre indicando que era para conmemorar y ser galardonada con la detención del expresidente Pedro Castillo, pero lo real fue estaba ganando tiempo para presentar un organigrama fabricado, su supuesta organización criminal y lograr un seguro mediático para lograr atornillarse en el cargo de coordinadora", afirmó.
"Chats no revelan ninguna participación mía"
"En la resolución judicial la presunta existencia de la organización criminal se basa en unos chats manifiestamente manipulados que no revelan ningún acto delictivo, carente de fiabilidad probatoria, pues solo se leen conversaciones y opiniones políticas de una sola persona sin respuesta de su interlocutor. Confío también que ustedes consideren que las opiniones políticas no son un delito, más aún no pueden ser utilizados para inventar una responsabilidad en contra de quien no los ha expresado. Así pues, los chats no revelan ninguna participación mía en un acto delictivo, con esta mentira se me ha querido involucrar en tres temas: primero, remoción de la Junta Nacional de Justicia; segundo, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; y tercero, la elección del Defensor del Pueblo. No existe una organización criminal y no se ha cometido ningún tráfico de influencias. La disposición fiscal que se pretender mancillar es una disposición impecable, sin mancha de corrupción, que jamás he propuesto ni he recibido propuesta de intercambio de prebendas con nadie y menos con congresistas de la República. Mi disposición fiscal se basó estrictamente en la respuesta dada por la coordinadora, quien señaló que no obraba en su poder declaración de algún colaborador que haya delatado a congresistas como beneficiarios de dinero o prebendas. Es decir, no existía ningún elemento objetivo que sostuviera la denuncia formulada y correspondía disponer no haber mérito a investigación preliminar. No he cometido ningún acto arbitrario e ilegal entonces. Lo que se ha iniciado es una campaña mediática en mi contra, que usa supuestos chats de un funcionario de mi gestión que ha estado en el Ministerio Público desde el año 2015 y con ello se genera especulaciones sobre la actividad interinstitucional con el Congreso de la República. Hemos visto infiltración de información prohibida buscando precipitar una denuncia en mi contra", precisó.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aprovechó su presencia en la Comisión de Fiscalización para expresar algunas cuestiones jurídicas relevantes que "ponen evidencian una campaña en su contra" en la resolución judicial.
Primero consideró que "una fiscal incompetente" decidió investigarla sin respetar el fuero constitucional que corresponde, luego sostuvo que se abrió una investigación "contra los que resulten responsables", a pesar de que la Policía había "identificado" a Jaime Villanueva Barreto, también aseguró que se dispuso el secreto de la investigación fuera de los límites legales.
Además, refirió que no se dio cuenta de la "evidente manipulación de los pantallazos" de un chat de WhatsApp, afirmó que se presentó un requerimiento de detención preliminar aportando como elemento incriminatorio una disposición de la Fiscal de la Nación basada en un informe suyo y publicaciones periodísticas. Finalmente, precisó que el juez, a sabiendas de tener conflicto de intereses y "conocer que no era competente", no se inhibió de conocer la causa.
"No he cometido ningún delito ni falta administrativa, he cuidado que no se politice la justicia, ustedes mismos pueden verificar sus votaciones para ver la diferencia existente entre los votos presuntamente captados y la realidad porque son ustedes mismos que con objetividad que ninguna votación ha sido efectuada a pedido mío a cambio de un beneficio en el Ministerio Público", expresó.
"Ella va a dar sus descargos"
En la víspera, Juan Peña, abogado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmó que su patrocinada asistirá a la citación que tiene en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
"Sí, vamos a ir. Tenemos que ir. Tenemos un llamado a ley y un reglamento que respetar. Pero esperemos que también todas las partes, juzgados y juzgadores, las respeten (...). Ella va a dar sus descargos, primero, mañana ante la Comisión de Fiscalización; posteriormente, ante la Junta Nacional de Justicia, si es que se continúa con el proceso administrativo y no respetan la normativa. Y posteriormente ante la Comisión de Justicia", dijo en La Rotativa del Aire.
Patricia Benavides deberá responder específicamente por la presunta vinculación a una organización criminal, la cual operaría en la Fiscalía de la Nación, relacionada con las diversas denuncias periodísticas sobre presuntos graves hechos de corrupción identificados como el caso: “La fiscal y su cúpula de poder-operación Valkiria".
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El lunes 27 de noviembre el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la vivienda de Jaime Villanueva Barreto y de los asesores de la fiscal de la Nación: Abel Hurtado Espinoza y Miguel Ángel Girao Isidro, como parte de una presunta organización criminal que habría "instrumentalizado el monopolio de la persecución penal para beneficio particular".
En el marco de la operación "Valquiria V", se dispuso la detención preliminar por 10 días de Jaime Villanueva Barreto, quien sería autor de las conversaciones donde se muestran coordinaciones para influir de manera ilícita en decisiones del Parlamento que permitan la continuidad en el cargo de Patricia Benavides.
En respuesta a la investigación, la Fiscal de la Nación destituyó a la fiscal Marita Barreto como coordinadora del Eficcop y también nombró a Jaime Villanueva como su asesor, pero éste no aceptó.
Además, anunció la presentación ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola; y los exministros del Interior, César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otras víctimas de las protestas que iniciaron en diciembre del año pasado.
Asimismo, la Junta Nacional de Justicia abrió un proceso disciplinario inmediato a Patricia Benavides, un tipo de procedimiento que se abren a jueces o fiscales cuando "existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular", según indicó la JNJ en un comunicado compartido en la red social X (antes Twitter). La audiencia se llevará a cabo a las 9.00 a. m. el 6 de diciembre.
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Diego Ayma Ayma Redactor
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