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por Roberto Silva
·La semana empezó con una investigación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente encabezar una organización criminal, y la detención de uno de sus principales asesores. La noticia no dejaba de retumbar en diversos sectores cuando Benavides Vargas anunció que presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola.
"Nuestro mandato es el defender los derechos ciudadanos y los intereses públicos, así como perseguir el delito y que ningún crimen quede sin ser investigado, permitiendo que la justicia se aplique caiga quien caiga, pese a quien le pese".
El 2 de junio de 2022, tras jurar al cargo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, prometió que ningún delito quedaría sin ser investigado. Un año y cinco meses después ella es investigada por presuntamente aprovechar el cargo para evitar otras investigaciones que se hacen en su contra.
Según una investigación policial, Benavides Vargas encabeza una organización criminal que tiene como brazos operativos a su principal hombre de confianza: Jaime Villanueva, quien fue detenido preliminarmente en una clínica local, a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto.
Según la tesis de la fiscal Barreto, que fue atendida por el juez Jorge Chávez Tamariz, Jaime Villanueva fue el intermediario de la Fiscal de la Nación para que algunos congresistas impulsen la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo. A cambio de ello, Benavides archivaría una serie de denuncias penales contra legisladores.
La detención de Jaime Villanueva fue ordenada por diez días. La medida judicial también incluyó el allanamiento de las viviendas y oficinas de Miguel Ángel Girao Isidro, funcionario del Ministerio Público, y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, ambos vinculados a Patricia Benavides.
Patricia Benavides dijo que su despacho prestará su colaboración para el esclarecimiento de la denuncia que la involucra, la misma que calificó como un acto de represalia por las investigaciones que ella encabeza. En otro momento, dijo que continuará con las investigaciones que tiene entre manos, entre ellas contra la presidenta Dina Boluarte y algunos de sus ministros, a quienes denunció constitucionalmente por las muertes ocurridas a inicio de su gestión
“Asimismo, informo, que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otros, y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo y otros”, indicó en un video grabado.
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Operación Valkiria V
El operativo que se gestionó para la detención del asesor de la fiscal de la Nación se denominó ‘Operación Valkiria V’ y estuvo encabezado por el coronel de la Policía, Harvey Colchado. Horas antes, se conoció que la fiscal de la Nación destituyó del cargo del equipo especial de fiscales a Marita Barreto.
El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que la investigación debe encontrar el nexo entre la fiscal de la Nación y las acciones de su exasesor, Jaime Villanueva, para confirmar de manera certera su participación.
“La complica a la fiscal, en la medida en que los actos en que él haya realizado, no hayan sido actos propios, entre comillas, de alguien que se ufane, que se jacta, como dice Código Penal y fanfarronea, para decir yo te voy a ayudar en tal o cual cosa, sino que adicionalmente esto estaría absolutamente coordinado con la fiscal de la Nación. Si eso, finalmente, se logra probar y, detrás de ello, como se está rumoreando, habrían algún tipo de beneficios de carácter económico, definitivamente la situación obvio se complica gravemente”, declaró.
El suspendido fiscal Rafael Vela consideró que el caso involucraría a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, al sostener que fue utilizada para sancionar a los fiscales que no se alinearon con Patricia Benavides.
“No hay que olvidar cómo estas circunstancias vienen asociadas con la instrumentalización de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que se convierte en un brazo armado que ha tomado el Ministerio Público. Si usted no hace lo que la fiscal de la Nación determina, entonces, le mando control interno”, indicó.
Patricia Benavides dejó entrever que podría haber más situaciones se difundan en su contra, aunque dijo que ello no hará que repliegue su labor de perseguir el delito de los altos funcionarios. En tanto, las acusaciones dentro de la Fiscalía van de uno a otro lado, mientras se va formando un escenario complejo que tiene como protagonistas a las cabezas de otros organismos del Estado.
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Roberto Silva Periodista
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