Durante su presentación ante la Comisión COVID-19, el director regional de Salud de Loreto respondió por la vacunación ilegal por parte de funcionarios en esa región. El Gobernador Regional Elisban Ochoa, quien también estaba citado, no acudió a la sesión.
El Director de Salud de Loreto, Carlos Calampa, se presentó ante la Comisión COVID-19 del Congreso para responder por la vacunación ilegal contra la COVID-19 por parte de funcionarios en esa región. A la sesión también estaba citado el Gobernador Regional Elisban Ochoa; sin embargo, no acudió.
"Que no se piense que las 66 vacunas que se utilizaron el sábado han ido destinadas a funcionarios. Eso no es cierto. La mayoría ha sido vacunado personas que están dentro del contexto de la edad que corresponde a los dictado por el Gobierno Central, pero es cierto también que hay vacunas destinadas, y que han sido vacunados, por ejemplo, al alcalde de Maynas, la alcaldesa de Punchana, dos exalcaldes de San Juan y también a personas que no tenían la edad y no estaban en el padrón y eso es lo que está en investigación", señaló.
"Yo tomo conocimiento de la vacunación irregular el domingo. El domingo me manifiestan la vacunación irregular del alcalde, solamente. Quiero aclarar que el sábado estuve en una actividad con la alcaldesa de Punchana y en ningún momento me dijo que la habían vacunado, por eso lamento mucho esa actitud. El lunes, cuando pido la lista, me encuentro con la sorpresa de que hay muchas más personas y más funcionarios. Eso me obliga a tomar medidas y reestructurar el comité", agregó.
Ante la comisión, el Director de Salud de Loreto precisó que corresponde al Gobierno Regional abrir un procedimiento para sancionar a los funcionarios involucrados. "Cada uno, a su nivel, tiene que tomar medidas administrativas y esperamos que las medidas del Ministerio Público se hagan efectivas rápido", apuntó.
Según el oficio de la comisión, el grupo parlamentario buscaba que ambos funcionarios respondan por las circunstancias de la vacunación contra la COVID-19 a cargo de la Diresa Loreto, así como las medidas adoptadas ante el hallazgo de vacunas faltantes en el proceso de vacunación.
Tres funcionarios de alto nivel del Gobierno Regional de Loreto, además de dos alcaldes y los padres del gerente regional, forman parte de la lista vip de 64 personas vacunadas con dosis Pfizer, destinadas a adultos mayores en Iquitos.
En la lista aparecen dos asesores del gobierno regional: Jorge Luis Monasi Franco, de 65 años, y Joiner Alberto Vásquez Pinedo, de 73 años. Ambos exalcaldes. Al respecto, Monasi señaló que Clara Bustamante, directora de Promoción de Salud de la Diresa, lo llamó para vacunarse.
Según Carlos Calampa, director regional de Salud, esta funcionaria "sorprendió al personal señalando que era una orden de la dirección". En conferencia de prensa, el gobernador Elisbán Ochoa también señaló a Bustamante como la responsable de autorizar este proceso un día después de culminado oficialmente la campaña de vacunación a adultos mayores.
Más temprano, el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión COVID-19, pidió que se sancione a los funcionarios del Gobierno Regional de Loreto por el caso de vacunación irregular, así como una "inmediata investigación" contra los responsables.
Minsa rechaza vacunación irregular
El Ministerio de Salud (Minsa) expresó su profundo rechazo a los hechos de irregular vacunación registrados en Loreto, donde se inmunizaron a personas menores de 80 años que no estaban consideradas en los grupos priorizados por el Plan Nacional de Vacunación.
A través de un comunicado dirigido al Gobierno Regional de Loreto y a la opinión pública en general, el Minsa precisó que la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 se basa en padrones nominales que cada entidad debe "respetar irrestrictamente".
Al respecto, detallaron que la acción de la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 están a cargo del Gobierno Regional y de su Dirección Regional de Salud, en el marco del proceso de descentralización vigente.
Frente a estas irregularidades, el Ministerio de Salud anunció que ha autorizado al Procurador de esta institución a iniciar las acciones penales correspondientes con la finalidad de salvaguardar el cumplimiento del Plan de Vacunación y la prioridad actual en los adultos mayores.
Asimismo, encargar a la Superintendencia Nacional de Salud realizar el proceso de fiscalización de las acciones de vacunación en Loreto y solicitar a la Contraloría General de la República a iniciar una acción de control sobre estos hechos irregulares.
De igual modo, se dispuso conformar una comisión especial con especialistas de la Dirección de Inmunizaciones y de la Dirección General de Operaciones para que vigile presencialmente el proceso de vacunación en esta región a fin de garantizar el derecho de los adultos mayores a la vacuna contra la COVID-19.
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