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El congresista de Acción Popular también cuestionó al Ministerio de Energía y Minas, calificando como deficiente gestión el proceso de formalización minera.
El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, responsabilizó al Legislativo por las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aseguró que estas prórrogas han propiciado el avance de la minería ilegal y otras actividades criminales en zonas del país como Pataz, en la región de La Libertad.
En entrevista para el programa Prueba de fuego de RPP TV, el parlamentario calificó de “fracaso” el proceso de formalización minera, pues afirmó que, desde su creación en el 2012 hasta la fecha, solo han legalizado su situación poco más de 2 000 de los 87 000 mineros inscritos originalmente.
Con el objetivo de poner fin a la constante ampliación del padrón de mineros en proceso de formalización, Wilson Soto anunció que presentó el proyecto de Ley N.º 11190, que plantea declarar improrrogable el plazo vigente del Reinfo, el cual vence próximamente tras su última extensión de seis meses.
En ese sentido, cuestionó que, por presión mediática, algunos congresistas sigan accediendo a nuevas prórrogas, como ocurrió el año pasado cuando el plazo fue ampliado hasta el 30 de junio de 2025.
Por tal motivo, señaló que en los próximos días iniciará el proceso de socialización del proyecto con otras bancadas a fin de obtener un apoyo mayoritario.
“Hay varios parlamentarios de diferentes fuerzas políticas que se han pronunciado, efectivamente, que ha sido un error ceder, ampliar [el Reinfo]. Espero que tomen conciencia”, indicó.
Críticas al Minem y a gobiernos regionales
Soto también apuntó contra el Ministerio de Energía y Minas (Minem) por la ineficiencia en los procesos de formalización de los mineros.
Según mencionó, los funcionarios del sector pretenden formalizar “sentados en sus escritorios con aire acondicionado”, a lo que agregó que, si bien inicialmente se delegó la tarea a los gobiernos regionales, estos “poco han hecho”.
“Acá la gran responsabilidad es del actual ministro de Energía y Minas y de todos los funcionarios”, expresó.
El legislador, finalmente, no dudó en vincular directamente la minería ilegal con delitos como la trata de personas, prostitución y el crimen organizado.
“Esto perjudica al Estado. Si fueran formales recaudaríamos más impuestos y con ese dinero podríamos construir más colegios, hospitales y carreteras”, afirmó.
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Jorge Luis Pinedo Barrera Redactor
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