Necesidad de una nueva Constitución, por Yonhy Lescano

La Constitución actual ha servido solo para determinados intereses privados y no para lograr el bienestar de la mayoría de peruanos. Pero además no cautela los sagrados intereses nacionales y menos los recursos naturales que son explotados en condiciones inequitativas y contrarias al Perú. En efecto, la constitución permite, por ejemplo, que los minerales o el gas sean de propiedad del Estado Peruano cuando se encuentran en el subsuelo pero cuando son extraídos por los inversionistas nuestro país pierde la propiedad sobre ellos. Dicha norma ha tergiversado y desnaturalizado el derecho de propiedad. Pero además, ha permitido que algunas transnacionales paguen una miseria por nuestra riqueza que se la llevan al extranjero y después de transformarla nos la venden a precios que les permiten grandes ganancias. Esto atenta contra el desarrolllo del país y contra los ingresos que deben tener los millones de peruanos por sus recursos naturales, los mismos que sirven para hacer las obras en educación, salud, agua potable, por mencionar algunas.

Por otro lado, la Constitución de 1993, hecha en dictadura, inventa el llamado contrato ley que sirve para seguir favoreciendo a grandes empresas, especialmente extranjeras que pactan con nuestro país para conseguir concesiones y obras, pero que lo hacen con grandes beneficios, mientras que el Perú recibe utilidades minúsculas. Cuando sucede algo así, la ley común permite al juez modificar el contrato porque una parte es muy beneficiada y la otra muy perjudicada. Pero eso no sucede cuando el Estado contrata sobre sus bienes, aunque se esté perjudicando los grandes intereses nacionales. En suma se consolida el abuso y prepotencia de los privados sobre la nación peruana, es decir sobre los derechos de más de 33 millones de peruanos.

Esto no se puede permitir porque son mecanismos de explotación de un sistema liberal de facto que se ha impuesto en nuestra patria, violando el principio de la economía social de mercado, que significa que la economía debe estar al servicio de la población y no las personas al servicio de la economía, que lucra a costa de la pobreza de la gente del Perú. Pero además, existe una norma constitucional que refiere que el Estado no puede hacer actividad empresarial y que solo debe hacerlo subsidiariamente, es decir cuando el empresario no la realiza. Sin embargo, en la pandemia hemos visto como todas las grandes empresas han pedido ayuda al Estado y se les ha creado un programa de 60,000 mil millones de soles, pese a que muchas de esas empresas no la requerían. Esto es una contradicción evidente, piden al Estado que no se inmiscuya en la actividad empresarial, pero en la realidad los grupos económicos corren en situaciones de emergencia a pedir dinero al Estado para sus empresas. Por lo tanto, en esta materia también se requiere una cambio constitucional para evitar que sea usado a antojo por los intereses abusivos de privados.

Finalmente, es necesario introducir el derecho al agua como un auténtico derecho constitución porque se le ha incluido pero en un lugar que no corresponde. De igual manera se requiere modificaciones en la parte orgánica de la Constitución para que el Estado funcione mejor y esté al servicio oportuno de los peruanos. Entre otras razones, estas son algunas para hacer una nueva constitución que permita el bienestar de las grandes mayorías nacionales. Si alguien se opone, el pueblo a través del referéndum ordena se haga un nuevo pacto social o constitución acorde con los nuevos tiempos.