Sistemas pensionarios eficientes, por Pedro Angulo

Tenemos claro, en principio, que no existe ninguna razón, más allá de la falta de capacidades o de compromiso de los funcionarios y servidores públicos, para que el Estado tenga que ser un mal gestor o administrador.

También sabemos que el empresariado privado, que suple tareas estatales, no es ni tiene que estar fatalmente compuesto de aprovechadores e incumplidos. Acá rige: En arca abierta, el justo, peca.

El problema nuestro es la pésima administración estatal, porque los gobernantes, con soberbia o disimulo y siempre sin vergüenza, utilizan irresponsablemente al Estado, para emplear a todos los partidarios, familiares y amigos que pueden y los dejan como herencia.

Estado elefantiásico e inservible

Si los privados abusan, es porque el Estado se los permite, pues los organismos de control trabajan con toda la incapacidad posible, para mantener contentos con absoluto servilismo a redes de aprovechadores.

Esto lo decimos porque es absolutamente aplicable a la ONP y a las AFPs.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), es una de las instituciones más quejadas ante la Defensoría del Pueblo, agrupa el gran porcentaje de la carga jurisdiccional laboral del Poder Judicial, siendo un organismo ineficiente por excelencia. Debe darse una reingeniería.

Y en este rubro, además, hay un negocio de 20 millones de soles anuales en casos que se entregan a estudios, interesados en recorrer, aunque sea irrazonablemente, las últimas instancias, sin que importe que los ancianos mueran en inanición mientras reclaman sus justos derechos.

Nuestra respuesta es crear la procuraduría, para terminar con ese nefasto negocio; y ampliar la Ley 30,927 para realizar conciliaciones, desistimientos o allanamientos en procesos judiciales seguidos con pensionistas.

Se deberá tomar en cuenta la jurisprudencia, la doctrina y la equidad, con respeto de la normatividad vigente. Precisamente, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, ya han expresado que los abusos mencionados deben terminar.

Se debe ampliar las competencias del Tribunal Administrativo Previsional y evitar las judicializaciones injustas.

Se deben preparar cartillas de procedimientos de jubilación para trabajadores, de carácter preventivo, para ilustrarlos respecto los errores o vacíos usuales en los expedientes de jubilación.

La crisis por el covid

Hay actualmente alrededor de 600,000 jubilados que reciben pensiones del SNP y hay 4 millones 700 mil afiliados; pero, de estos últimos, por razón del COVID, no se han recibido los pagos completos.

La ONP debe pagar 400 millones de soles mensuales a los pensionistas. El 77% del dinero para pagar provenía de los aportes de los trabajadores actuales, el 16% del tesoro Público y 7% de las utilidades de Electro Perú.

La ONP no tiene dinero guardado. La pensión de los jubilados, se paga de los aportes de los trabajadores actuales, se trata de un modelo piramidal, al modo de CLAE (modelo de solidaridad intergeneracional), que no ha sido tocado desde los años 70.

Por ende, la situación actual supone una gravísima crisis del sistema e importa la necesidad de reformarlo integralmente, pues ahora el pago a todos los jubilados se ampara en el tesoro público, que debe completar, del modo que sea, lo que se necesite. 

La reforma debe considerar todo el contexto nacional y supone la necesidad de ampliar el sistema bancario.

Consideramos mantener el Sistema Privado de Pensiones, donde hay más de siete millones de personas; pero, previo reordenamiento normativo y generando controles reales.

Finalmente, hay que agregar desde fuera la recuperación de empleos, para generar capacidad de pago, y ello se hará de cuatro modos: Incentivos al empleo, apoyo a las MIPES y PIMES, simplificación de permisos y licencias e inversión estatal, tanto como apertura al capital extranjero.