Alcaldes y gobernadores ya no pueden cesar ni designar procuradores, advirtió Daniel Soria

El procurador general del Estado, Daniel Soria, remarcó que la Ley Nº 31433, vigente desde marzo de 2022, establece que los gobernadores y alcaldes ya no tienen la potestad de cesar y designar procuradores; función que ahora recae en su institución.

Sin embargo, en Ampliación de Noticias, el funcionario señaló que durante el año pasado la Procuraduría detectó 13 casos (dos gobiernos regionales y 11 municipalidades) de autoridades que incumplieron la normativa.

“La Ley Nº 31433, entre otras disposiciones, retiró a los alcaldes y gobernadores regionales la facultad que tenían que designar o cesar procuradores regionales y municipales, respectivamente”, comentó.

“Esa ley está vigente. Por lo tanto, estas autoridades no pueden realizar esos nombramientos o ceses. ¿Quién lo realiza ahora? La Procuraduría General del Estado, a través de un proceso de selección”, apuntó.

15 casos en lo que va del año

Daniel Soria indicó que, en lo que va del 2023, la Procuraduría detectó ya 15 casos de autoridades regionales y municipales, que acaban de asumir funciones y ya han infringido con la citada ley, citando y nombrando procuradores para sus jurisdicciones.

El funcionario detalló que los gobiernos regionales de Ica, Junín, Tacna, Cusco y Huánuco han infringido la ley, mientras que los restantes casos son municipios provinciales o distritales.

“Los procuradores municipales y regionales defienden los intereses del Estado, sus instituciones y no los intereses de las autoridades, los funcionarios”, remarcó.

Soria consideró que estas autoridades podrían ser denunciadas por el delito de usurpación de funciones, “un delito tipificado en el Código Penal”. “Ya se han presentado denuncias penales contra algunos alcaldes y regidores, el año pasado; y este año haremos los mismo con estos casos detectados”, sostuvo.

Otro problema detectado por la Procuraduría -detalló Soria- es que con el cambio de autoridades ha habido una reducción de personal o apoyo económico a las procuradurías. “Se está desconociendo una obligación legal que obliga a las entidades a financiar las actividades de las procuradurías”, sentenció.

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