CIDH llama a "delimitar con claridad" procedimientos de vacancia presidencial y cierre del Congreso en el Perú

Edgar Stuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo una llamada a "delimitar con claridad" en Perú las figuras legales de la vacancia presidencial, la acusación constitucional y la disolución del Congreso, pues la subjetividad en su uso afecta a la institucionalidad democrática del pais. 

Ralón, quien también es el relator para el Perú de la CIDH, señaló que el organismo supranacional "observa con preocupación que, desde el 2016, el Congreso ha promovido seis mociones de vacancia por incapacidad moral permanente, dificultando la gobernabilidad de un país que ha tenido cinco presidentes y tres parlamentos en seis años".

Las expresiones del representante de la CIDH se dan durante un nuevo episodio de confrontación política en el país que involucra al Ejecutivo, el Congreso y al Ministerio Público, cuando se ha presentado desde la Fiscalía de la Nación una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción, una iniciativa que el mandatario ha calificado como el inicio de "la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú".

"La inestabilidad que ha traido la utilización de estas figuras (vacancia presidencial, cierre del Congreso y acusación constitucional) ha afectado a la gobernabilidad del país y ha generado un desgaste en la agenda legislativa y ha despertado cuestionamientos sobre la independencia o la autonomía de ciertos poderes", dijo Ralón. 

Interpretación del Tribunal Constitucional

En ese sentido, indicó que cuando "exista un choque normativo o una tensión de estos derechos o procedimientos" es necesario que "el Tribunal Constitucional (TC) interprete y resuelva las situaciones de conflicto constitucional con el fin de mantener el estado de derecho".

"Es por ello que la Comision Interamericana llama al Estado del Perú, especialmente a los poderes involucrados en la interpretación y aplicacion de estos procesos, y al Tribunal Constitucional para que se reglamente y delimiten con claridad las tres figuras constitucionales mencionadas, con la finalidad de asegurar objetividad, imparcialidad y respetar, estríctamente, el principio de legalidad, debido de proceso y la separación de poderes", afirmó el comisionado de la CIDH.