Dos de cada 100 denunciados por corrupción van a prisión

La ruta judicial de un acto corrupto en el Perú tiene forma de embudo. En el 2016, la Procuraduría tenía por investigar 32 mil casos a nivel nacional por corrupción, pero solo 14 mil fueron llevados a la Fiscalía. De estos, 3 mil 200 determinaron una condena y 506 personas fueron a la cárcel. Esto significa que solo el 2% de las denuncias terminó con alguien en prisión.

Esta información fue revelada por el informe Mapeo de Iniciativas Anticorrupción en el Estado Peruano, La Sociedad Civil y Las Empresas, realizado por la Universidad Ruiz de Montoya. Este estudio muestra que Lima cuenta con 6 mil denuncias en la Procuraduría, el mayor número a nivel nacional. Le siguen Áncash y Junín con 2 mil 771 y 2 mil 261 respectivamente.

Desde mayo del 2016, 968 obras han sido paralizadas ya sea por falta de presupuesto, incumplimiento o mal diseño con muy poca supervisión. Según la Contraloría General de la República, la mitad de la paralización de las obras no está debidamente justificada.

Percepciones. Según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en junio pasado, la corrupción es el principal problema para los peruanos. Hace cuatro años, la misma entidad ubicó a la delincuencia como el principal flagelo en el país.

En comparación a otros países de Sudamérica, nuestro país está en el puesto seis de diez en cuanto a percepción de corrupción, según el Índice 2016 de Transparencia Internacional. Perú figura debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y Argentina en el ránking en el que Venezuela ocupa la última posición.

“Aún faltan señales claras para que no quede impune ningún caso. Se ha avanzado en la muerte civil para las autoridades involucradas y en crear un marco legislativo que obligue al sistema judicial a cumplirlo. Con todas estas nuevas normas se espera que se rompa el círculo de la mafia”, explicó a RPP Eduardo Vega, ex defensor del Pueblo y director del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Reconstrucción. En su último Mensaje a la Nación, el presidente Kuczynski dejó en claro la reedificación con “buena planificación, cero corrupción y transparencia” en las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero. Sin embargo, en el 2007 el Gobierno hizo un anuncio parecido tras el terremoto que devastó Ica, Pisco y Chincha.

“A diferencia del 2007, ahora tenemos una nueva perspectiva. Lo que pasó en ese año fue una ineficiencia de administración. El nuevo contralor ya anunció que se va a reunir con el presidente de la construcción y van a armar juntos un cronograma en donde la fiscalización va a ser recurrente. El reto estará en que las obras puedan avanzar con rapidez y así se eviten casos de corrupción”, agregó Vega.

Según el experto, es necesario contar con máxima transparencia, presencia de la Contraloría desde el inicio de la obra y también la participación ciudadana. “Se necesita contar con esfuerzos de la ciudadanía en donde ellos sean los que velen por la claridad de las obra”.