La Comisión Especial inicia hoy las entrevistas de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y la SUNEDU no se ha distraído de su tarea de ordenar el sistema universitario peruano.
Las fiestas de fin de año han aumentado el desinterés por la campaña electoral, pero hay otros sectores del Estado que parecen, al contrario, acelerar sus ritmos para poder cumplir sus calendarios. Vale la pena destacar dos de ellos: la formación de la Junta Nacional de Justicia y el proceso de licenciamiento de nuestras universidades. En ambos casos, el actor principal es un colegiado plural e independiente llamado a poner orden después de un largo período de oscuridad y corrupción.
La Junta Nacional estará integrada por siete miembros titulares y siete suplentes, encargados de evaluar, sancionar y nombrar a jueces y fiscales. Nada es más urgente que verla entrar en funcionamiento y esperemos que tome decisiones claras y rigurosas, para contrarrestar la tradicional desconfianza de los ciudadanos. El espectáculo de magistrados discrepando y ventilando en público sus discrepancias ha contribuido con el descrédito de un Poder del Estado en momentos en que la lucha contra la corrupción constituye la prioridad para los electores. Al mismo tiempo, la amenaza de huelga ha puesto en evidencia otras formas de desorden corporativo. ¿Cómo es posible que decisiones sobre el nivel de remuneraciones (42,000 soles mensuales para los supremos, 80% para los superiores y así sucesivamente) sean tomadas por los propios interesados, que en ese caso actúan a la vez como juez y parte? La Comisión Especial procederá a entrevistar a los 29 postulantes que han llegado a la etapa final y para eso ha diseñado una modalidad de entrevista que recurre a un “ponente” para cada uno de los candidatos. El mecanismo de la entrevista ha sido elaborado con apoyo de los especialistas de SERVIR y de su expresidente Juan Carlos Cortés. La Comisión es presidida por el Defensor del Pueblo y la integran los titulares del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, así como un rector de universidad publica (la UNI) y uno de universidad privada (la de Piura). Al término de tres días de entrevistas podremos saber sobre quiénes recaerá la responsabilidad de iniciar el 2020 con un gran paso hacia la credibilidad de nuestras instituciones. El juramento de los elegidos tendrá lugar el próximo 6 de enero.
También la SUNEDU ha continuado su ritmo de ordenamiento de la oferta universitaria. Es la falta de regulación que nos llevó a tener más de 140 universidades, varias de las cuales no cumplían con normas elementales de calidad académica, de seguridad en las infraestructuras y de transparencia en sus finanzas. La consecuencia es que algunas universidades se convirtieron en negocios lucrativos para sus dueños, si no en mecanismos de blanqueo de dinero y maquinarias al servicio de partidos políticos. Y por supuesto, los estudiantes resultaban estafados por el nivel insuficiente de sus profesores y las limitadas posibilidades de conseguir empleo. En este caso, la SUNEDU ha negado la licencia a la Universidad Alas Peruanas, lo que significa que se deberá organizar la continuación de los estudios de sus más de 60,000 estudiantes, repartidos en sedes ubicadas en 16 regiones de nuestro país. Alas Peruanas ha anunciado rápidamente su voluntad de fusionarse con la Universidad Norbert Wiener, recientemente licenciada. ¿Podrá una universidad de 2,000 estudiantes dar garantías de su fusión con una treinta veces más grande? La respuesta la aportará la SUNEDU.
Una buena noticia de fin de año: la reducción del uso de pirotécnicos y fuegos artificiales. En algunos distritos, su uso ha sido prohibido. Al parecer, pese a que se produjeron como de costumbre numerosos incendios, no se han registrado víctimas mortales de una vieja práctica, que debe ser desterrada en nombre de los derechos de los niños y de las mascotas.
Las cosas como son
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