Con el otorgamiento del voto de confianza solicitado por César Villanueva se pensó que acabaría el enfrentamiento entre ambos poderes del Estado; sin embargo, interpretaciones a la Constitución sobre los plazos pone en riesgo la aprobación de las reformas.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso ha alcanzado su punto más álgido tras la iniciativa que busca una reforma política y judicial que busque hacer frente a los múltiples casos de corrupción que involucra a decenas de funcionarios públicos. Lejos de unir fuerzas para superar este problema, el Gobierno y el Congreso parecen no dar su brazo a torcer y en medio de este escenario la ciudadanía sufre las consecuencias.
El Ejecutivo, en su afán de impulsar esta reforma política y judicial, planteó una cuestión de confianza para acelerar este trámite en el Congreso y cumplir con el plazo establecido en la ley para convocar al referéndum. El Parlamento, con el riesgo latente de un posible cierre, aprobó este pedido y poco a poco comienza a dar trámite a las reformas que envió el presidente Martín Vizcarra hace más de un mes.
Cuando el entrampamiento parece encontrar una solución, surgen nuevas interrogantes e interpretaciones a la ley que reavivan el enfrentamiento entre ambos poderes del Estado y pone en evidencia el fastidio de la población con la clase política. Prueba de ello es el alto índice de desaprobación que registran las principales instituciones y líderes políticos.
En Enfoque de los Sábados, diferentes analistas revisaron los pormenores de la cuestión de confianza y los alcances de las reformas política y judicial que pretende sacar adelante el Gobierno. La gran pregunta parece ser si es prudente el plazo que necesita el Gobierno para modificar los artículos de la Constitución.
Para el abogado Ántero Flores-Aráoz, expresidente del Congreso, el Ejecutivo y el Congreso deben aprender a convivir porque sus enfrentamientos perjudican al país. En su opinión, los temas que pretende modificar el Gobierno son de mucha importancia y requieren de la opinión de especialistas, lo cual no garantiza que sean aprobados en el plazo.
"Yo creo que no pasaría nada. Hay que tranquilizar a todos porque las reformas constitucionales tampoco se pueden hacer a patadas. Los temas constitucionales son para una duración muy larga", señaló sobre la posibilidad de que las cuatro reformas sean aprobadas hasta el 4 de octubre, fecha fijada en el calendario.
Por su parte, el exministro de Justicia Francisco Eguiguren consideró que la crisis política actual ocurre porque desde la Constitución del 79 y la del 93, es la primera vez que un Gobierno tiene en frente a una posición sólida, mayoritaria, y que domina el Congreso, como ocurre actualmente con Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori.
El reconocido abogado recordó que, como nunca ha ocurrido, esta vez la oposición en el Parlamento es tan grande que cuenta con los votos suficientes para poder impedir cualquier iniciativa legislativa del Gobierno, imponer la ley que desee o incluso censurar a cualquier ministro únicamente con sus votos.
Asimismo, destacó que los mecanismos democráticos que pretende utilizar el Gobierno, como la convocatoria a referéndum, no tienen antecedentes, por lo que es difícil tener respuestas a las múltiples preguntas que se hacen sobre su validez o los alcances de la cuestión de confianza. En ese sentido, mencionó que las respuestas serán interpretadas "al calor político".
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