El proyecto de ley está acompañado de un oficio en el que pide al Congreso que se disponga el trámite de la propuesta con carácter de muy urgente.
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual solicitan que se les otorguen facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días.
"Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación", escribió el presidente José Jerí en su cuenta oficial en X.
El oficio, con fecha 20 de noviembre, va dirigido al primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro.
"Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de muy urgente, según lo establecido por el artículo 1050 de la Constitución Política del Perú", se lee.
En la exposición de motivos, la iniciativa señala que la "crisis de seguridad ciudadana sin precedentes" generada por el incremento exponencial de los hechos delictivos en el Perú.
"La causa principal de este fenómeno es la consolidación y expansión territorial de bandas y organizaciones criminales dedicadas a la comisión de ilícitos penales que, con el transcurso del tiempo, han fortalecido sus estructuras operativas y ejercen hegemonía delictiva a nivel nacional", dice el documento.
Se advierte que los delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato muestran indicadores estadísticos alarmantes y preocupantes.
En cuanto al tema de crecimiento económico responsable, el Gobierno indica que, aunque la actividad económica del Perú está en proceso de consolidación y cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, existen diversos factores de riesgo que podrían afectar las proyecciones de expansión económica para el 2025 y 2026, entre ellos conflictividad social e inseguridad ciudadana, las condiciones climáticas adversas, como la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño o La Niña, el contexto internacional adverso, caracterizado por una menor demanda externa, ante el escalamiento de las tensiones geopolíticas e intensificación de la guerra comercial arancelaria.
Respecto al fortalecimiento institucional, el proyecto remarca la urgencia de consolidar un "aparato estatal moderno, eficiente y articulado".