Endurecimiento de penas por disturbios "no vulnera el derecho a la protesta", aseguró procurador del Mininter

Moisés Vega, procurador Público Especializado en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior (Mininter), y el general PNP Víctor Zanabria, jefe de la Dirección y Orden Interno y Seguridad, estuvieron esta mañana en Ampliación de Noticias para comentar la publicación del Decreto Legislativo 1589, que sanciona hasta con 15 años de prisión los casos de disturbios durante las protestas.

Ambos coincidieron en asegurar que el derecho a la protesta está garantizado, ya que la norma del Ejecutivo solo busca castigar severamente a quienes realizan disturbios y dañan propiedad pública, desnaturalizando el objetivo de una legítima manifestación.

“Aquí no se ha creado una figura delictiva nueva, lo que se ha hecho es explicar qué consideraciones tiene la violencia, y esto va alineado con Naciones Unidas, que establece que la violencia en conflictos sociales es precisamente daños a la propiedad, agresión a las personas o el bloqueo permanente de una vía necesaria para la comunidad”, comentó Zanabria Angulo.

“La protestas, la manifestación, la reunión pacifica, están garantizadas. Lo que se está penalizando, y severamente, es la violencia destructiva, que al final afecta a todos los peruanos”, agregó.

El alto mando aclaró que la norma “no es retroactiva”, por lo que no se aplicaría a quienes cometieron disturbios durante las protestas antigubernamentales de fines de 2022 e inicios de 2023.

“Creemos que salir a protestar, destruir la propiedad y, como no vamos a quedarnos detenidos, nos da una impunidad que es dañina para la sociedad. Es dañina para el Estado, porque pone en peligro los servicios esenciales”, apuntó.

El origen de la norma

Por su lado, el procurador Moisés Vega señaló que el Decreto Legislativo se ha trabajado desde hace tres años, descartando que se haya improvisado a última hora ante las anunciadas manifestaciones del 7 de diciembre, cuando se conmemore un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

“Este proyecto sale hace tres años. La Procuraduría promueve ese proyecto desde hace tres años. El tema, nosotros como Procuraduría, yo como procurador, es herramienta para hacer una lucha frente a estas personas que cometen delitos de disturbio y entorpecimiento”, comentó.

“Nosotros consideramos que, de ninguna manera, se vulnera el derecho a la protesta. Para que se promulgue la ley, se han hecho estudios, colaboraciones del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, y se ha aprobado por Consejo de Ministros. No es que alguien viene y firma. (...) No es de la noche a la mañana, viene de hace años y se viene trabajando y puliendo durante tres años”, sentenció.

Como se recuerda, el Ejecutivo promulgó ayer, lunes, el Decreto Legislativo 1589, que establece penas de hasta 15 años de prisión por el delito de disturbios, así como para quienes atenten contra la integridad y la vida de las personas o la propiedad pública o privada y colaboren en actos que entorpezcan o causen graves daños a las infraestructuras del país.  
 
La norma fue emitida por el Gobierno en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana.

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