El Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo lamentó que el Gobierno no acogiera el pedido de esta institución para que descarte el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en una investigación penal.
El abogado Alberto Cruces, Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lamentó la decisión del Gobierno de presentar al Congreso el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en una investigación penal pues consideró que es un riesgo para la libertad de información.
"Estamos analizando la iniciativa porque son una serie de disposiciones que, además, tienen que ser concordadas con otras leyes, pero reiteramos que hay un riesgo sobre la libertad de información y el ejercicio, sobre todo, de la profesión del periodismo, quienes podrían no acceder a las fuentes que se requieren para temas de interés público", señaló.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado recordó que anteriormente la Defensoría del Pueblo ya había solicitado al Gobierno que descarte la presentación del proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal y que, según la institución, afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
El representante de la Defensoría del Pueblo opinó que sancionar a quien revele información sobre investigaciones fiscales que sea de interés público "genera un efecto de bola de nieve", ya que, por proteger principios entorno al proceso penal, se priva a la población de conocer detalles relacionados, por ejemplo, con casos graves de corrupción.
"Lo que se está planteando es una sanción penal y es la mayor restricción que puede haber a la libertad personal. En ese sentido, creemos que posiblemente puede haber otras alternativas para proteger principios como la presunción de inocencia, sin tener que llegar a este punto que tiene un efecto de bola de nieve", indicó.
El funcionario dijo esperar que esta institución pueda participar en los debates que se llevarán a cabo dentro del Congreso de la República luego de que el Poder Ejecutivo presentara esta cuestionada iniciativa. Agregó que en la evaluación de esta propuesta también debería convocarse a representantes de gremios periodísticos e incluso instituciones extranjeras.
Cabe recordar que para la Defensoría del Pueblo calificó de "irrazonable" la eventual aprobación de esta propuesta debido a que "busca inhibir" la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a los periodistas, con lo cual se afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
Ejecutivo presentó polémico proyecto de ley
Este miércoles, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece que cualquiera de las partes comprendidas en una investigación fiscal que difunda información reservada, será sancionado con pena privativa de la libertad.
Semanas atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que presentarían ante el Congreso el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. El titular de la PCM sostuvo que se debe evitar esa divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.
"Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es publico y no hay reserva", informó en conferencia de prensa.
"Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Por eso estamos presentado un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine", agregó.
Este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, quien aseguró que con la medida se busca "proteger" la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, "en lo absoluto", se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.
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