Gremios periodísticos rechazan proyecto de ley del Ejecutivo que busca penalizar la difusión de información fiscal

La Federación de Periodistas del Perú y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazaron el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que busca penalizar la difusión de información fiscal.

En un comunicado, la organización civil señaló que la medida “afectaría todo tipo de investigaciones fiscales”, lo que consideró es “a todas luces inconstitucional”.

Además, consideró que el proyecto “correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”.

IPYS dijo que esperará a tener el texto del proyecto para pronunciarse con mayor precisión sobre el mismo.

En el mismo sentido, la Federación de Periodistas del Perú expresó su rechazo "categórico" al proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Congreso.

"Rechazamos y condenamos este tipo de coacciones y chantaje periodístico a quienes informan con la verdad. Con este proyecto de ley, estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación, en el caso de aprobarse en el Pleno del Legislativo", señalaron.

A través de un comunicado, el gremio periodístico expresó su respaldo a las libertades de información, opinión y expresión "en todas sus formas". En ese sentido, alertaron que este proyecto de ley "busca sancionar hasta con cuatro años de prisión efectiva".

"Este proyecto de ley pretende minimizar el periodismo de investigación y dejar a la verdad, principio básico de la prensa, catalogarlo como un delito penal y judicializarla en su más máxima expresión. Además, los hechos de corrupción del actual gobierno no se podrían salir a la luz, con esta premisa legal, la cual obstaculizaría el derecho a la información", apuntaron.

ANP y Colegio de Periodistas del Perú

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se sumó al rechazo del proyecto de ley, debido a que “afecta de manera directa la actividad periodística en el país''.

“La ANP expresa preocupación por la ruta que seguirá esta iniciativa, al existir plena sintonía en esta materia entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que ya febrero de este año, aprobó por unanimidad dictamen de la Comisión de Justicia que penalizaba la difusión de los testimonios de quienes se acojan a la colaboración eficaz”, indicaron.

“En momentos en que en todo el continente la tendencia es transparentar al máximo posible los procesos contra la administración pública y corrupción en la que se encuentren involucrados quienes ejercen o han ejercido función pública, lo que sucede en el país constituye una franca regresión”, añadieron.

“La reserva de las fuentes ha sido esencial para revelar en las últimas décadas hechos de interés público. Pretender vulnerar el secreto profesional no solo es inviable, es inconstitucional. Por ello, deploramos que tanto Ejecutivo y Legislativo, en su condición de poderes del Estado, abandonen su rol garantista de derechos y libertades desnaturalizando su capacidad, propia o delegada, de legislar”, finalizaron.

En tanto, desde el Colegio de Periodistas del Perú expresaron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo y consideraron que implica “un riesgo y amenaza latente contra la libertad de expresión”. Según explicaron en un comunicado, el proyecto en cuestión afecta el derecho de la sociedad peruana de informarse y ser informada, según lo señala el artículo 2, inciso 4 de la Constitución.

“El proyecto del Ejecutivo, que bien puede ser calificado como una ‘ley mordaza’ vulnera no solo la legislación nacional, también colisiona con la filosofía y estándares de la Libertad de Expresión y el Estado de Derecho en el hemisferio que suscribe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene carácter vinculante para el Perú, así como la Declaración de Chapultepec cuando se establece el principio que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa, resaltando que el ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo”, señalaron.

“Por tal motivo, el Colegio de Periodistas del Perú rechaza este proyecto de ley que solo busca legalizar el secretismo y la intimidación en los casos mediáticos de corrupción que los medios de comunicación, periodistas y comunicadores difunden en bien de la salud moral del país”.

Atentado contra la libertad de prensa

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, anunció ayer, viernes, la presentación ante el Congreso del proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. La norma -dijo- fue aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros.

“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva”, informó en conferencia de prensa.

Este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, el pasado 13 de junio. El funcionario aseguró que con la medida se busca “proteger” la presunción de inocencia de los investigados.

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