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Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, afirmó que el Ejecutivo no analizó otras alternativas respecto a la excarcelación de Alberto Fujimori, dado que “teníamos un mandato del Tribunal Constitucional que se tenía que cumplir”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, reiteró que la actuación del Gobierno durante la excarcelación del expresidente, Alberto Fujimori, fue la de acatar el mandato del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba su pronta liberación pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que no se ejecute dicho fallo hasta determinar si cumple con las condiciones que establecieron en el 2022.
En ese sentido, el integrante del Gabinete Ministerial afirmó, que, desde el Ejecutivo, no evaluaron una solución distinta a lo resuelto por el TC, como el cumplir el pedido del sistema interamericano y sugerirle al exmandatario y a su entorno solicitar un nuevo indulto.
“No hubo ese escenario, no lo pensamos en ese momento porque no teníamos que pensar, teníamos una disposición, un mandato del Tribunal Constitucional que se tenía que cumplir y que, en efecto, se cumplió”, señaló Arana en el programa Nunca es tarde de RPP.
Asimismo, explicó que la CIDH “dictó sentencia en el caso de La Cantuta y Barrios Altos” y que estas medidas “ya fueron ejecutadas por el Estado peruano”.
“La Corte ya no puede pronunciarse absolutamente nada sobre la sentencia de Barrios Altos ni La Cantuta, porque es un proceso que ya ha terminado en la Corte”, agregó.
“Lo que pasa es que el Gobierno de (Pedro Pablo) Kuczynski emite una resolución administrativa de indulto que es un proceso diferente. Lo que ha hecho la Corte en el 2018 fue dar medidas provisionales que fueron luego sustituidas por un proceso de supervisión. Y estas medidas del año 2022 también fueron objetos de un pronunciamiento del 5 de diciembre por parte del presidente (de la Corte) que son medidas urgentes. Tan es así que el presidente convoca a sesión de su pleno y el pleno le dice que no lo van a ver hasta el próximo año”, argumento.
“El pleno de esta Corte no se va a reunir sino hasta fines de enero del próximo año. Ni el Ejecutivo, ni el ministerio (de Justicia), ni la presidenta han tenido participación de la sentencia del tribunal. Aquí en el Perú, las sentencias se deben cumplir conforme a la Constitución”, añadió.
“El Estado peruano tiene que entender que el Tribunal Constitucional es el que dicta las normas en nuestro país”, finalizó.
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Jorge Luis Pinedo Barrera Redactor
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