¿Qué pasó con el Pacto Perú? [COLUMNA]

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En su discurso del 28 de julio el presidente Vizcarra anunció el impulso de un gran pacto nacional que permitiría hacer converger las energías del Perú en una única dirección: la lucha contra la pandemia y la reactivación de nuestra economía. Es cierto que entretanto hemos vivido la brusca caída del gabinete Cateriano, el voto de confianza al premier Martos y la interpelación del ministro Benavides. Sin embargo, el único avance de los últimos días es el papel atribuido al Acuerdo Nacional que asegurará la secretaría técnica del Pacto. Pero no se ven pasos reales, que no podrían ser otros que la concertación entre sectores y la definición de una agenda con objetivos, actores y calendarios definidos. Lo que se ve es que el gobierno, que no tiene una bancada en el Congreso, se bate solo en varios frentes, sin dar explicaciones claras ni evidenciar el sustento técnico de algunas de sus decisiones. Es el caso característico de la cuarentena cumplida el día de ayer, que puso frente a frente a la población y la Fuerza Armada. Los gremios, las iglesias, las municipalidades, las asociaciones civiles, los grupos de voluntarios hubieran podido colaborar si se les hubiera solicitado. Pero una forma de automatismo limita toda la acción del Estado a la palabra del presidente, las explicaciones imprecisas del primer ministro y la ejecución por parte de policías y militares. Pese a las reservas expresadas por muchos especialistas, la gravedad de las cifras epidemiológicas impone la prudencia de colaborar en la aplicación de una medida ingrata, que tiene sabor a castigo y a retroceso después de planes frustrados y previsiones incumplidas. Pero la cuarentena y el toque de queda no bastan. El Estado debe movilizarse preventivamente, tal como se ha hecho y se sigue haciendo en países que han tenido éxito en el control de la pandemia: practicar pruebas seguras, rastrear los contactos de los contagiosos, aislar a los infectados. Ya no podemos contar con los servicios de los hospitales por mucho que se haya ampliado el número de camas de cuidados intensivos.

Hay que actuar preventivamente para evitar que los contagios lleguen a las etapas avanzadas de la enfermedad. Una mención aparte merece el tema del oxígeno y las inexplicables complicaciones generadas por el propio Ministerio de Salud, en particular la Dirección general de medicamentos, insumos y drogas, la temible DIGEMID. El Arzobispo de Lima ha destacado el tema en su homilía de ayer: “No es posible que haya una concentración tan grande entre poca gente de un bien que es para todos. Inclusive cuando alguien quiere resolver el problema, surgen una serie de impedimentos burocráticos”, fulminó el Primado durante la misa en la Catedral, refiriéndose sin duda a los esfuerzos del Cardenal Barreto en Junín y los de ingenieros de la Universidad Católica. El gobierno no da explicaciones claras y sus campañas de comunicación parecen orientarse a lo que puede ser una ilusión: el rápido acceso a una vacuna. Necesitamos soluciones con los elementos que tenemos aquí y ahora: contar con la confianza de la población y para eso hablar con cifras y argumentos claros que inspiren el sacrificio de nuestras libertades.

Siempre es sabio tomar ejemplo de las buenas experiencias de los vecinos. El presidente de Chile ha anunciado ayer un plan de 34,000 millones de dólares para financiar obras constructivas: 7,500 kilómetros de carreteras y puentes, centros de salud, comisarías, pero también centros culturales como museos, teatros y bibliotecas. El plan no es solo para que el Estado construya directamente, sino para que promueva la acción del sector privado. ¡Felices los países en los que no todas las empresas constructoras están sometidas a la sospecha!

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