Una radiografía de la meritocracia en el Estado y los polémicos nombramientos de funcionarios públicos [Informe]

Hoy protagonista de un escándalo que lo coloca como uno de los que presionó para que se realicen ascensos en las Fuerzas Armadas de manera irregular, Bruno Pacheco Castillo, brazo derecho del presidente Pedro Castillo desde tiempos de la campaña presidencial de las Elecciones 2021, fue nombrado secretario Secretario General del Despacho de la Presidencia el 20 de julio pasado.

Bruno Pacheco Castillo es Licenciado en Eduación Secundaria (con especialidad en biología y quimica) por la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha declarado tener una maestría en Administración Educativa. Ninguno de estos títulos le fue necesario, sin embargo, para ser nombrado funcionario público. El único requisito para tener el cargo más importante del despacho presidencial —de 25 mil soles al mes—, según la Resolución N° 000047-2021-DP/SG (emitida el 26 de julio de 2021, por la gestión anterior a la del presidente Pedro Castillo) es simplemente "ser designado por el Presidente de la República". 

Por otro lado, la presidenta del Congreso Maricarmen Alva conversó con la prensa hace unos días y se preguntó por qué se insiste en crear polémica por haber contratado como técnico en su despacho a Carlos Cabieses, su compañero en la universidad. Cabieses, si bien no registra grado alguno en la Sunedu, posee una constancia de egresado de la Universidad de Lima.

Lo cierto es que nada de eso es realmente relevante: de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo del Congreso, versión aprobada en agosto de 2021, se establece que para puestos de categoría técnico los requisitos mínimos son:

-Acreditar formación técnica culminada o universitaria incompleta. Se considera estudios no concluidos la acreditación de al menos 6 semestres académicos completos.

-Estudios complementarios en la materia y experiencia laboral afín al puesto a desempeñar no menor de dos años.

Vale decir que con la constacia de estudios universitarios presentada, no hay nada que más que cuestionar, al menos desde el plano legal. Otro detalle: de acuerdo al Catálogo Único de Conceptos de Ingresos Correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 30 de junio de 2021, Cabieses estaría ganando entre 4,275 y 4,697 soles, al estar en el nivel salarial 6.

EN PERSPECTIVA

Sirvan estos ejemplos como dos de muchos en el sector público en donde, que un nombramiento sea legal, no necesariamente quiere decir que sea idóneo ante los especialistas y la opinión pública. "La mayoría de instituciones no están libres de la influencia política y con eso vienen nombramientos anti técnicos bajo criterios muy subjetivos. Esto no solo es dañino para los peruanos, que son los beneficiarios de las políticas públicas que terminan haciendo estas personas no calificadas, sino que es peligrosísimo porque nos puede llevar a un copamiento de instituciones del Estado por parte del poder político", comenta la analista política Macarena Costa.

Si bien hoy en día el contexto de crisis política hace que tengamos los ojos bien abiertos con los nombramientos actuales, el analista político Gianfranco Vigo recuerda que hace no mucho ciertas presencias en Palacio de Gobierno lindaban lo burdo. "Ya lo veíamos desde la era del señor Martín Vizcarra, en la que un cantante era asesor del Ministerio de Cultura e incluso un vidente era asesor de la presidencia. Debemos diferenciar muy bien los puestos: están los puestos de confianza y también están los puestos políticos. Los que deben tener una mayor regulación, mayores requisitos, son los puestos ténicos, que son los de más alto nivel".

GOLPE CONTRA LA MERITOCRACIA

También se atenta contra la meritocracia cuando, a pesar de realizar nombramientos legales en puestos de confianza, los conflictos de interés saltan a la vista. Es el caso de David Fernando Caballero Llanos, nombrado coordinador parlamentario en el Ministerio de Defensa en setiembre pasado por el renunciante Walter Ayala.

David Fernando Caballero Llanos es uno de los dueños de Radio Latina, emisora que, tal como informó RPP Data en octubre pasado, forma parte de la lista de medios que presenta noticias a favor del presidente Pedro Castillo. En este caso, el programa “Palabra de Maestro”. 

Asimismo, antes de que el ministro de defensa deje su cargo, RPP Noticias informó que, entre el transcurso de tres meses, Walter Ayala promovió a la abogada Elizabeth Rocha de secretaria de su despacho, a secretaria general de esta cartera, con un sueldo de 25 mil soles.

"Lo que vemos ahora es totalmente escandaloso porque incluso los puestos técnicos, de asesores, de alto nivel, están siendo puestos a dedo, solo por pertenencia a cierto partido o por cercanía o afinidad a la persona que ocupa un puesto público o político", señala Gianfranco Vigo.

El Estado peruano, como muchas cosas en la vida, tiene puntos grises. Y Macarena Costa señala uno en lo que se refiere al nombramiento de funcionarios que podríamos llamar "idóneos" en el Estado. "El problema [de nombramientos controversiales] pasa desde ambos extremos: lo más común es que sea legal que un funcionario no idóneo ocupe un puesto. Pero también puede pasar que una persona sea la idónea para un cargo pero no sea legal que lo ocupe, porque quizás no cuente con los años de experiencia, o no pudo licenciarse... ahí hay un elemento muy subjetivo".

En ese sentido, destacan los especialistas, son importantes leyes como la Ley Servir (a la cual el Congreso no está adscrita) o un reciente dictamen de Contraloría que busca establecer requisitos mínimos para el ingreso a la función pública. "Estas son iniciativas positivas para que quienes estén al mando realmente estén capacitados para el puesto", añade Costa.

Meritocracia vs tecnocracia

Controversias aparte, no siempre los puestos de confianza son cuestionables. Para el analista político Fernando Vivas la meritocracia en el Perú sí existe, pero no es pura ni exclusiva; y tiene que convivir con la tecnocracia. "La política requiere un campo en el que al líder le conviene estar rodeado de gente en la que confía. La meritocracia no puede reinar, porque si no se le impediría a esta persona que, para ejecutar bien su trabajo, se rodee de las personas que considera son las más convenientes. La política requiere ese terreno donde los puestos de confianza conviven, con una meritocracia dentro de otros campos donde reina la tecnocracia", explica.

Hay que saber identificar, en opinión de Vivas, cuando se selecciona a un cuadro que, aunque no tenga "preparación" demuestre ser eficiente. "Que un presidente, ministro, cabeza de entidad, contrate a alguien que no tiene todos los requisitos académicos del caso, pero que es eficiente, eficaz y sí cumple requisitos mínimos como tener educación superior... no deberíamos atribularnos", manifiesta.

Es popular criticar también los sueldos de un funcionario público, quienes en determinadas situaciones, a pesar de no tener respaldo universitario superior, tienen sueldo mayores que el promedio. "La opinión pública percibe como algo malo que se le pague un sueldo alto a funcionarios públicos, porque existe la noción generalizada de que fueron escogidos a dedo y que no trabajan, no hacen nada. Y esto a veces es cierto", dice Macarena Costa. "Pero si queremos mejorar el nivel de debate y de iniciativas que se presentan en el Congreso, los asesores deben ser personas altamente calificadas y con experiencia. En el sector publico tenemos funcionarios que no son aptos para el puesto, pero como el Estado no va a quebrar como una empresa por tener funcionarios que no rinden, terminiamos en situaciones como la de hoy: con malos funcionarios, bien pagados y malos resultados".

Finalmente, Fernando Vivas zanja el debate apuntando que, si bien se debe fiscalizar la labor de ciertos funcionarios nombrados de manera controversial, hay que mantener una mente abierta con las exigencias a determinados nombramientos. "No podemos dejarnos atarantar por los criterios que vienen del mundo académico, que es un poder fáctico tan limitado y cuestionado tanto como otros de los poderes fácticos que intervienen en la política. El debate [sobre los nombramientos] debe manternerse abierto".