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Gobierno presentará un proyecto de ley para fortalecer el combate del soborno nacional y transnacional

Guido Bellido se presentó ante el Congreso de la República.

El presidente del Consejo de Ministros destacó la necesidad de asegurar que todos los contratos que suscriba el Estado con empresas, proveedores y locadores de servicio, independientemente de su valor, cuenten con cláusulas anticorrupción para que se apliquen las consecuencias jurídicas "que correspondan".

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció la presentación de un proyecto de ley para fortalecer el combate del soborno nacional y transnacional, así como la responsabilidad de las personas jurídicas, a través de reformas normativas de impacto penal, procesal penal, tributarias, administrativas, entre otras de importancia.

"Debemos evitar que nuestras empresas actúen dentro y fuera del Perú como lo hicieron algunas empresas extranjeras en nuestro país, comprando voluntades, influencias y perjudicando la buena marcha de la administración pública, desviándola de su fin último que es garantizar el interés público, hacia intereses privados", señaló.

El ministro detalló que esta iniciativa implica la modificación de la Ley N°30424, a fin de asegurar su uso efectivo por los operadores de justicia en la lucha contra la corrupción y otros delitos cometidos por empresas y organizaciones con un objetivo ilícito. Agregó que con esto también se buscará mejorar el marco normativo conforme a los parámetros internacionales de las Naciones Unidas y la OCDE, a fin de fortalecer la actuación de procuradores, jueces y fiscales.

Asimismo, destacó la necesidad de asegurar que todos los contratos que suscriba el Estado con las empresas, proveedores y locadores de servicio, independientemente de su valor, cuenten con cláusulas anticorrupción, a fin de que se le apliquen las consecuencias jurídicas que correspondan y así el Estado "tenga la potestad de resolver un contrato cuando se advierta casos de corrupción".

"Como parte de la política general del Estado de lucha frontal contra fenómenos transversales como la corrupción y el narcoterrorismo, que tanto afectan a nuestro país, adoptaremos todas las medidas que sean necesarias para prevenirlos, enfrentarlos y sancionarlos a través de los mecanismos establecidos en nuestra legislación y las normas internacionales pertinentes", apuntó.

Combate de la corrupción vinculada al crimen organizado

Guido Bellido también que el gobierno buscará fortalecer la capacidad de investigación y persecución de la corrupción vinculada al crimen organizado, para lo cual presentará un proyecto de ley para el fortalecimiento de la articulación operativa para el combate de la corrupción vinculada al crimen organizado.

"La corrupción es un flagelo, desangra las arcas públicas y corroe las instituciones, además de que disminuye la confianza de la ciudadanía, quien resulta la principal afectada. El combate de la corrupción es también una lucha contra la impunidad, la cual se expresa en los altos niveles de desconfianza ciudadana respecto a la posibilidad de revertir este grave problema en los próximos años. Recordemos que nuestro ordenamiento facilita las prácticas corruptas"

El ministro reconoció que "enfrentar la corrupción no pasa solo por cambiar leyes", por eso, se comprometió a "fomentar una cultura democrática y de transparencia" que involucre a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República y las Procuradurías Especializadas.

Para esto, anunció la creación de un Grupo de Trabajo Especializado para que formule propuestas de mejora para el fortalecimiento de dicha coordinación operativa en el corto plazo y un proyecto de ley que afiance normativamente dicho objetivo antes de julio del próximo año.

Transparencia en la administración pública

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros anunció que en la gestión de Pedro Castillo se buscará que las entidades de los niveles de gobierno nacional, regional y local "cumplan con las reglas dispuestas" en materia de recursos humanos para evitar que estos espacios "pueden ser caldo de cultivo para la corrupción".

"El Sector Público en el Perú se ha caracterizado, entre otros temas, por el desorden; y ese Estado termina constituyendo un espacio para el desarrollo de malas prácticas e incluso corrupción, no encontrándose exento el ámbito de la gestión de recursos humanos", señaló en su exposición ante el Congreso de la Repúblico.

Asimismo, indicó que, durante el periodo 2021-2026, desde la Presidencia del Consejo de Ministros se impulsará que las entidades formalicen la situación de los actuales servidores públicos en los respectivos documentos de gestión, promoviendo la incorporación de "personas idóneas" al Estado en igualdad de oportunidades.

En paralelo, anunció la implementación de un diseño de Programa Presupuestal de Optimización del Servicio Civil que permita visibilizar la parte económica de las acciones concretas, con enfoque de resultados y territorial, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las instituciones en los tres niveles de Gobierno.

"Estas acciones permitirán transparentar el accionar del Estado de cara a la ciudadanía. En ese sentido, al cierre de este año se tendrá diseñado el Programa Presupuestal con un enfoque técnico y territorial, con el fin de que al 2026 el 100% del presupuesto que se destine a materia de personal se encuentre asignado en dicho programa", indicó.

Para reforzar estas acciones, comentó que se promoverá como medida prioritaria el mecanismo de veeduría ciudadana para cautelar el uso de recursos públicos en las diferentes etapas de los procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes, así como en la ejecución de obras públicas y programas sociales; empleo y acceso al mismo y cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en general.

Asimismo, anunció que se encargará a SERVIR para que, a través de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), implemente una estrategia de capacitación intensiva sobre materias transversales para la implementación exitosa de políticas públicas que tengan como centro a las personas.

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