El presidente de Confiep, Jorge Zapata, afirmó que el Gobierno de Balcázar debe enfocarse en asegurar elecciones transparentes, avanzar en la lucha contra la inseguridad y la responsabilidad fiscal.
El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, calificó como un “acierto” del Gobierno la designación de Denisse Miralles en la Presidencia del Consejo de Ministros, al considerar que su presencia permitirá dar continuidad al proceso de reestructuración de Petroperú.
“Uno de los aciertos de poner a la señora Miralles en la PCM es que entiendo yo que va a continuar con la reestructuración de Petroperú, lo cual saludamos y vamos a estar vigilantes para que esto continúe”, sostuvo el líder empresarial en RPP.
Zapata señaló que la continuidad en las decisiones técnicas es clave en un contexto político marcado por la confrontación. En su opinión, el país necesita retomar el diálogo con altura y tecnicismo, dejando atrás la polarización, especialmente en la antesala de un proceso electoral.
Prioridades para el gobierno
El titular de la Confiep remarcó que, más allá de las divergencias políticas, el Ejecutivo debe concentrarse en tres grandes ejes: garantizar elecciones limpias y transparentes, sentar las bases de una política efectiva contra la inseguridad ciudadana y preservar la estabilidad económica y fiscal.
En ese marco, consideró que avanzar en la reorganización de Petroperú forma parte del esfuerzo por mantener la estabilidad macroeconómica y reducir riesgos fiscales. Para el gremio empresarial, es fundamental que la empresa estatal continúe con un proceso de ordenamiento financiero y mejora de gestión que asegure su sostenibilidad.
Sobre otros temas de agenda, Zapata advirtió que el Congreso debe priorizar el respeto al proceso electoral y evitar exceder las atribuciones que le otorga la Constitución. Asimismo, pidió que se deje encaminada una estrategia clara en materia de seguridad ciudadana, con mayor inversión en inteligencia policial, capacitación y cooperación internacional.
En materia fiscal, alertó que el Perú ha incrementado significativamente su gasto corriente en las últimas décadas sin que ello se refleje en una mejora proporcional de los servicios públicos. Por ello, planteó una revisión exhaustiva del gasto para reorientarlo hacia inversión social y mejorar la eficiencia del Estado, tanto en el Gobierno central como en los niveles regional y municipal.
Finalmente, subrayó que la actual administración debe concluir su mandato el 28 de julio de 2026 en un entorno de estabilidad política y económica, evitando una nueva crisis institucional que, a su juicio, sería “terrible para el país”.