A fines de 2016, Odebrecht admitió haber pagado US$ 29 millones en soborno a distintos funcionarios entre 2005 y 2014, para obtener las licitaciones de obras públicas en Perú. | Fuente: AFP

Uruguay fue un punto clave en la trama de corrupción del caso Odebrecht: al menos una offshore creada allí habría sido usada para el pago de millones de dólares a exfuncionarios peruanos. Ahora, el gobierno del país deberá decidir si otorga el asilo al expresidente Alan García.

Hace un año, el diario español El País reveló un informe de la Policía de Andorra en el que se da cuenta que la constructora Odebrecht pagó 15 millones de dólares en sobornos vía la Banca Privada de Andorra (BPA) a empresarios y funcionarios de altos cargos públicos en el Perú.

El documento -con fecha mayo de 2017- examina las interacciones de la constructora y el banco entre 2008 y 2015. La investigación fue encargada por la jueza andorrana Canólich Mingorance. La Banca Privada de Andorra (BPA) es justamente uno de los principales nexos en la triangulación de envío de divisas entre Perú y Uruguay.

Andorra, el punto clave

Entre los supuestos beneficiados de estas coimas, se encuentra el ex vicepresidente de PetroPerú entre 2008-2011, Miguel Atala Herrera, quien fue nombrado por el Gobierno de Alan García. Su nombre aparece en la offshore Ammarin Investment, la cual tenía una cuenta en la BPA con su nombre. Según, la pesquisa de la justicia de Andorra, habría recibido 1.3 millones de dólares.

Otro investigado es Jorge Horacio Cánepa, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima entre 2009-2015. Según la investigación, este emitió 16 decisiones favorables a Odebrecht en litigios con el Estado peruano, a cambio de 1.4 millones de dólares a través de la offshore Maxcrane, que también tiene una cuenta en la BPA.

El exdirector de Ositran entre 2007-2012, Juan Carlos Zeballos, también es investigado por haber recibido 780 mil dólares desde las offshores de Odebrecht, Klienfeld y Julson, hacia una cuenta que tenía en la BPA. Dicho monto estaría vinculado a un soborno para concretar la licitación de los tramos II y II de la Carretera Interoceánica Sur. Como ellos, hay otros funcionarios de gobierno que presuntamente habrían recibido dinero de Odebrecht para beneficiar a la empresa.

La telaraña Odebrecht en Uruguay

Otro informe de la Policía de Andorra señala que Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias ‘Betingo’, quien fuera responsable del banco andorrano en Uruguay, actuó como “persona de contacto” entre la BPA y Olivio Rodrigues, el hombre detrás de la offshore Klienfeld, la cual fue una sociedad instrumental creada por Odebrecht en Antigua y Barbuda. Dicha offshore canalizó hasta 200 millones de dólares para la triangulación de sobornos a funcionarios de alto nivel en más de una docena de países.

La justicia andorrana sugiere que Sanguinetti “participó en la apertura de cuentas y facilitó la entrada a la entidad” de diversos investigados y gestionó los recursos y la tramitación de fondos. ‘Betingo’ fue arrestado en agosto de 2017 por la Policía de Uruguay y se espera una extradición hacia Andorra para ser juzgado. 

Desde Andorra a Cusco

Otro nexo que existe entre Odebrecht, Uruguay y el Perú se encuentra en el soborno que la empresa maquinó para que logre la licitación de la construcción de la Vía Evitamiento del Cusco. El ex gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, recibió un pago de 3 millones de dólares de la compañía brasileña. El empresario Gustavo Salazar y el abogado José Francisco Zaragozá lo ayudaron a que este pago se concrete. 

José Zaragozá afirma que el ex gobernador cusqueño Jorge Acurio recibió, vía contrato ficticio, alrededor de 3 millones de dólares desde la offshore de Odebrecht, Klienfeld Services, a través de Wircel S.A., offshore de Gustavo Salazar Delgado y que fue creada en Uruguay.

Acurio Tito, máxima autoridad del Cusco entre 2011 y 2013, y el abogado José Zaragozá fueron detenidos en marzo de 2011. El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Lima, Manuel Chuyo, ordenó el pasado 14 de noviembre la ampliación de 10 meses de prisión preventiva contra el exgobernador cusqueño. 

Mientras tanto José Zaragozá se acogió a la confesión eficaz ante el Ministerio Público y quedó en libertad en mayo de 2017 y ha explicado su participación en el entramado. Por otro lado, Gustavo Salazar permanece prófugo en Estados Unidos, a pesar de que afirmó que se entregaría a las autoridades. En marzo de 2018, el Poder Judicial aprobó su extradición. 

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