Alberto Fujimori: el panorama en los exteriores de su vivienda tras la anulación del indulto

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori. Asimismo, el juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria.

Desde su salida de prisión, en diciembre del 2017, el expresidente se instaló en una amplia vivienda ubicada en la exclusiva urbanización La Estancia de La Molina. El predio que tiene un área 1900 metros cuadrados está ubicado en la calle Pontevedra, entre las avenidas Raúl Ferrero y Manuel Prado Ugarteche, y tiene un alquiler mensual que asciende a los 16 mil 250 soles.

Tras conocerse la decisión que anula el indulto, un equipo de RPP Noticias llegó hasta los exteriores de esta urbanización. Una hora después un vehículo de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para resguardar la zona.

Dos efectivos de esa dependencia policial arribaron a las 13.30 horas a la vivienda ubicada en la cuadra 2 de la calle Pontepetra, en la urbanización La Estancia, distrito de La Molina, donde el exmandatario habita desde que recuperó la libertad en diciembre del año pasado.

Poder Judicial anuló el indulto

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori. Esta información fue una primicia de RPP Noticias. 

Asimismo, el juez Hugo Nuñez Julca giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria.

En setiembre pasado, el Poder Judicial dejó al voto el pedido de nulidad del indulto humanitario concedido al ex presidente Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La solicitud fue presentada por los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Gisela Ortíz, Sonia Rubina y Raida Cóndor, en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

A través de esta solicitud de nulidad se buscó verificar la legalidad del indulto y que sea conforme con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte IDH. En junio de este año, el tribunal internacional determinó que la justicia peruana debía evaluar y pronunciarse sobre la viabilidad del indulto al ex mandatario.