Con la disposición judicial, la Procuraduría Anticorrupción, que se ha constituido como "actor civil" o "parte agraviada", podrá acceder al pago de una eventual reparación civil a nombre del Estado por más de 1 millón de soles.
El Poder Judicial aprobó el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en el caso de los presuntos ascensos ilegales en la Policía Nacional que se habrían registrado durante el gobierno del detenido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Con la disposición judicial, la Procuraduría Anticorrupción podrá acceder al pago de una eventual reparación civil a nombre del Estado, si es que el excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, y otros investigados son hallados responsables de los cargos que se les imputa por los supuestos ascensos ilegales de oficiales de dicha institución.
El juez Leodan Cristobal Ayala adoptó esta medida al determinar que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción cumplió los requisitos que establece la ley para que proceda su pedido y porque, además, tanto el Ministerio Público como la defensa legal de los investigados no han formulado oposición alguna frente a esta solicitud de constitución de actor civil.
En la solicitud, la defensa legal del Estado propuso como monto de reparación civil la suma de 1 millón 407 mil 700 soles por concepto de daño patrimonial y extrapatrimonial en perjuicio del Estado.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder investiga a un total de 14 personas por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y otros a raíz del caso “Ascensos ilegales en la Policía Nacional”.
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