El juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo evaluará este lunes 2 de diciembre si se debe imponer o no 18 meses de prisión preventiva a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, investigada junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado, 'Chibolín', por los presuntos tráfico de influencias y cohecho activo específico.
La suerte de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta quedó en poder del juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo, quien evaluará este lunes 2 de diciembre si se le debe imponer o no 18 meses de prisión preventiva como parte de la investigación preparatoria que se le sigue junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado, 'Chibolin', por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del estado.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 12:30 del día, el magistrado analizará el recurso de apelación que presentó a Fiscalía Suprema para que se revoque el extremo de la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el último 2 de octubre en la que impuso a la suspendida magistrada mandato de comparecencia con restricciones y reformándolo que se le dicte 18 meses de prisión preventiva dentro de este caso.
El voto que emitirá el juez supremo dirimente Gustavo Alvarez Trujillo permitirá alcanzar los cuatro votos necesarios que se requiere a nivel de la Corte Suprema para tomar una decisión, por mayoría, ya que este caso se encuentra empatado a tres votos por bando.
Y es que los magistrados supremos María Altabas, Norma Carbajal y Saúl Peña Farfán votaron a favor de que se declare fundada dicha apelación fiscal y se dicte 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida fiscal Superior Elizabeth Peralta dentro de esta investigación preparatoria.
En tanto, los jueces supremos César San Martín, Iván Sequeiros y Manuel Luján votaron a favor de que se confirme la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley de imponer a la Suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta mandato de comparecencia con restricciones en este caso.
El punto que motiva la discordia se centra en si está razonablemente acreditado el peligro de obstaculización respecto a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta dentro de esta investigación preparatoria.
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