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por Julio Cisneros
·El Poder Judicial adoptó esta medida al advertir una "seria incongruencia" respecto a la pretensión económica de la propuesta de reparación civil a favor del Estado que presentó la Procuraduría para casos de Terrorismo.
Judiciales
Declaran improcedente pedido de la Procuraduría para ser “parte agraviada”
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior no podrá solicitar o acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a Rocío Leandro Melgar, sindicada por la Policía como ‘Camarada Cusi’ y otras siete personas por el presunto delito de afiliación o pertenencia a una organización terrorista.
Esto debido a que el juez Leodan Cristóbal Ayala declaró “improcedente” el pedido que hizo la defensa legal de nuestro país para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” dentro de la investigación preparatoria seguida a estas personas por dicho delito en agravio del Estado.
El magistrado adoptó esta medida al advertir una “seria incongruencia” respecto a la pretensión económica de la propuesta de reparación civil a favor del estado que presentó la Procuraduría para casos de Terrorismo contra los implicados en este caso.
El magistrado precisa que dicha Procuraduría afirma que los imputados habrían cometido los hechos ilícitos en la ciudad de Huamanga-Ayacucho a partir del mes de agosto de 2022 hasta el mes de enero de 2023, por los que postula el pago de 500 mil soles de reparación civil, pero como dato de sustento o referencia utiliza el presupuesto de 109 millones 065 mil 548 soles invertido por el Estado en la lucha contra el terrorismo del año 2012 al 2020 a nivel nacional, según las cifras contenidas en el Oficio Nº 0110-2021-EF/50.06 emitido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
“De lo anterior, no se aprecia cuál es la relación o justificación del quantum en cifras y montos, entre la inversión efectuada por el Estado entre los años 2012 a 2020 a nivel nacional, con los hechos de afiliación al terrorismo atribuido a los imputados ocurridos en la ciudad de Huamanga o región de Ayacucho, durante los meses agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, más el mes de enero de 2023, ello tomando en cuenta la pluralidad de regiones del país, en los que se invierten montos específicos y proporcionales a la dimensión geográfica” precisa el juez Cristóbal Ayala en su resolución emitida el último 25 de enero a la que tuvo acceso RPP.
El juez Leodan Cristóbal Ayala concluye que la Procuraduría para casos de Terrorismo solo se ha limitado a postular un monto “al azar” sin ninguna justificación objetiva y los datos acompañados no refleja la inversión del Estado en la lucha contra subversiva en la región de Ayacucho en el año 2022, sino, solo datos genéricos a nivel país de años pasados, lo que no guarda relación con el lugar ni el periodo de la comisión delictiva atribuida.
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La investigación
La Fiscalía investiga a Rocío Leandro Melgar, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en un penal del país, junto con Alex Miguel Gómez Falcón, Alejandro José Manay Pillaca, Estefany Jhazmín Alanya Chumbes, Piero Giles Gamboa, Fernando Quinto Cuba y Yulisa Gómez Ayala quienes fueron comprendidos dentro de este caso.
Todas estas personas fueron detenidas por la Policía Nacional el 12 de enero del 2023 en Ayacucho bajo el cargo de promover las violentas protestas registradas en esta región del país.
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Julio Cisneros Periodista
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