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Alejandro Toledo cumple actualmente una condena de 20 años por el caso Odebrecht. Sin embargo, afronta otro juicio por el presunto delito de lavado de activos en el caso Ecoteva.
El expresidente Alejandro Toledo, quien actualmente cumple una condena de 20 años por delitos relacionados con el caso Odebrecht, enfrenta un nuevo proceso judicial conocido como el caso Ecoteva.
Al respecto, Roberto Zu, su abogado defensor, sostuvo que Toledo Manrique no tiene responsabilidad penal en este asunto judicial, donde se le acusa de presunto lavado de activos.
De acuerdo con Zu, durante el juicio se ha demostrado que Toledo no constituyó la empresa Ecoteva y que las transferencias de fondos fueron autorizadas por Josef Maiman, quien habría reconocido ser el propietario de los fondos. Además, alegó que Maiman cambió su versión en 2017, indicando que el dinero era de Toledo. Sin embargo, el jurista indicó que esto no fue probado con evidencia concreta.
"Alejandro Toledo no admite responsabilidad. Sí admite que recibió casi medio millón de dólares para pagar dos hipotecas, lo cual fue un préstamo de palabra por parte de Maiman", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
Según su testimonio, Toledo le debe esta cantidad al Estado, pero ello no significa que tenga una responsabilidad penal comprobada.
Posición del Ministerio Público
En tanto, el Ministerio Público, argumentó que la empresa Ecoteva fue utilizada para lavar dinero ilícito asociado a sobornos de Odebrecht. La Fiscalía sostiene que Toledo se benefició de estos fondos mediante la compra de propiedades.
Zu también criticó el proceso judicial y mencionó que existe una discrepancia en las cantidades que habrían sido pagadas a Toledo y que, según él, no se ha cobrado a Maimann la diferencia de dinero que retuvo.
Como se recuerda, el caso Ecoteva está próximo a recibir sentencia, y se espera que el Poder Judicial emita su veredicto en los próximos días. Mientras tanto, la defensa de Toledo ha solicitado que, debido a su avanzada edad, se le otorgue arresto domiciliario en lugar de prisión efectiva, citando razones humanitarias y de salud.
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