La edad y la salud de Gonzalo Ferraro Rey fue determinante para la decisión del juez

Gonzalo Ferraro Rey (61 años) se ha salvado por ahora de ir a prisión. El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el arresto domiciliario del exgerente de la constructora Graña y Montero (G&M), quien es investigado dentro del caso Odebrecht. El  titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tomó esta decisión debido a que Ferraro se encuentra internado en la Clínica Anglo Americana, donde se viene tratando un cáncer maligno en la garganta.

Los otros cuatros empresarios vinculados en esta causa tuvieron un destino distinto. Concepción ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Graña Miró Quesada (72 años), expresidente de G&M; Hernando Graña Acuña (66 años), ex director de la misma empresa;  José Fernando Castillo Dibós (54 años), director general de Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A (ICCGSA); y Fernando Gonzalo Camet Piccone (54 años), presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.

Los expertos opinaron

¿Por qué el arresto domiciliaron para uno y el arresto preventivo para el resto? El abogado penalista César Nakasaki le dijo  a RPP que el criterio de proporcionalidad impidió la prisión preventiva de Gonzalo Ferraro Rey y que fue la mejor decisión. "El hecho de que un acusado esté enfermo de gravedad o tenga más de 65 años es un condicional", dijo. 

Los abogados de José Graña y Hernando Graña argumentaron que la edad de ambos era un factor de riesgo en prisión, pero esto no fue atendido por el juez. El abogado Mario Amoretti comentó, también a este medio, que en ambos casos jugó en contra que tuvieran 65 años cuando supuestamente cometieron el delito alrededor de 2006. "De haber tenido más de 65 años para esa fecha, su pena podía recudirse a la mitad si son declarados culpables. Pero no es el caso", dijo. 

El nudo del caso

El Ministerio Público asegura que Graña y Montero (G&M), JJ Camet e ICCGSA pagaron más de 40 millones de dólares por concepto de 'riesgos adicionales', pero que en realidad sirvió para financiar parte de la coima de 20 millones que Odebrecht le pagó al expresidente Alejandro Toledo para obtener la licitación del tramo II y III de la Carretera Interoceánica, en la cual las tres empresas peruanas participaron como socias. La concesión fue entregada en 2005, pero el soborno se pagó un año después, según la tesis fiscal.

Los abogados de todos los involucrados han asegurado que 'riesgos adicionales' se refieren a imprevistos que se presentan durante la ejecución de la obra, que para asociarse a Odebrecht para la Interoceánica se tuvo que pagar a la empresa brasileña por distintos conceptos relacionados a temas estrictamente comerciales. Además, alegan que los empresarios involucrados en el caso no sabían de las operaciones ilícitas de Odebrecht.