Poder Judicial autorizó inicio de juicio oral contra Orestes Sánchez por presunto recorte de sueldo a trabajador del Congreso

Excongresista Orestes Sánchez.
Excongresista Orestes Sánchez. | Fuente: Andina

Por este caso, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha pedido cuatro años de prisión efectiva contra el excongresista de Podemos Perú Orestes Sánchez.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley emitió una resolución, el último 2 de febrero, en la que declara "saneado" dicho proceso penal y determina "haber mérito" para pasar a la etapa de juzgamiento contra dicho exlegislador por este hecho.

El magistrado dispuso remitir la acusación fiscal, los medios probatorios admitidos y anexos dentro del plazo de ley a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para que fije fecha y hora para el inicio del juicio oral por este caso.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió cuatro años de prisión efectiva contra el excongresista Orestes Sánchez así como el pago de 241 días multa, que equivale a la suma de 31 mil 330 soles así como su inhabilitación por 10 años para ejercer cargo público al acusarlo como presunto autor del delito de concusión en agravio del estado.

En tanto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió que el exlegislador pague la suma de 100 mil soles por concepto de reparación civil a favor del estado en forma solidaria con su co acusado Juan Perry para quien la citada instancia suprema fiscal también pidió que se le imponga la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Según la acusación fiscal, Orestes Sánchez habría abusado de su cargo de Congresista de la República para inducir al exservidor parlamentario Miguel Ángel Calderón, quien presentó servicios de técnico en su despacho congresal (personal de confianza) sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, a entregarle indebidamente parte de su remuneración mensual de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2020.

De acuerdo a la fiscalía, el pedido del congresista era una condición impuesta a Calderón para ser contratado y renovarle la confianza (no despedirlo) lo cual fue acordado previo a su contratación, contando para ello con la colaboración directa de Juan Perry  quien se encargó de la selección para que asuma el puesto técnico y a cambio de ello tenía que realizar pagos mensuales para que ingrese a la laborar a dicho despacho congresal.

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