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por Julio Cisneros
·Los excongresistas Luciana León, Jorge del Castillo y Luis Gasco solicitaron al Poder Judicial revocar la resolución que ordena la incorporación de la Procuraduría Ad hoc como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht.
Judiciales
Caso Odebrecht
Los excongresistas apristas Luciana León, Jorge del Castillo y Luis Gasco solicitaron al Poder Judicial revocar la resolución que ordena la incorporación de la Procuraduría Ad hoc como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht.
A través de sus respectivos abogados, los exlegisladores presentaron por separado recursos de apelación contra la resolución que emitió el juez Richard Concepción Carhuancho el último 22 de mayo en la que declaró fundado el pedido que hizo la defensa legal del Estado peruano para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" dentro de esta investigación preparatoria.
La defensa legal de Luciana León demanda que la instancia superior revoque la resolución impugnada y que en su lugar declare "inadmisible" el pedido de la Procuraduría Ad hoc en este caso.
En tanto, la defensa legal de Jorge del Castillo, solicita a la instancia superior que revoque la resolución impugnada y en consecuencia se deje sin efecto la condición procesal de actor civil a la Procuraduría Ad hoc devolviéndosele su solicitud a efectos de que sea presentada con la debida motivación y rigurosidad que exige la ley y la jurisprudencia.
Por su parte, la defensa legal de Luis Antonio Gasco solicita a la instancia superior que declare nula la resolución impugnada por afectación al derecho a la debida motivación y se revoque la resolución impugnada por cuánto no se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad contenidos 100 del Código Procesal Penal.
Ante ello, el juez Concepción Carhuancho resolvió el último 14 de junio "conceder" estas apelaciones y remitirlas a una de las salas de la Corte Superior Nacional la cual, si las admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlas con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.
El magistrado también resolvió "tener por no fundamentado" el recurso de apelación que presentó el exministro Hernán Garrido Lecca dentro de este caso.
La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho habilitó a la Procuraduría Ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se le pueda imponer a todos estos investigados de ser hallados responsables de los cargos que se les atribuye la Fiscalía en este caso.
La defensa legal de nuestro país presentó dentro de su solicitud de constitución en actor civil una propuesta inicial para que estos investigados paguen en forma solidaria las sumas de 69 millones 743 mil 597.68 soles y un millón 435 mil 200 dólares como reparación civil a favor del Estado peruano dentro de este proceso penal.
¿De qué trata el caso?
Esta investigación preparatoria se originó a raíz de la declaración que brindó el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, en Brasil el 28 de febrero del 2018 en la que reveló que dicha empresa brasileña entregó la suma de 200 mil dólares para financiar la campaña presidencial del líder aprista Alan García en el año 2006.
Esto originó que la fiscal María Salazar, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato formalizará en el 2023 esta investigación preparatoria por un plazo de 36 meses al ser declarada de naturaleza "compleja".
La magistrada dispuso que se lleven a cabo una serie de diligencias como recibir las declaraciones indagatorias de los investigados quienes son los exministros Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido Lecca, los excongresistas Mauricio Mulder, Luciana León, César Zumaeta y los dirigentes apristas Franklin Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo.
El primer ministro desacredita el Poder Judicial. Si hay una persona que no debería permitirse denigrar y desacreditar el trabajo de nuestro sistema judicial es el presidente del Consejo de Ministros. Y, sin embargo, es precisamente lo que está haciendo el señor Gustavo Adrianzén.
Julio Cisneros Periodista
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