César Villanueva en prisión [COLUMNA]

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César Villanueva, dos veces exprimer ministro, ha pasado su primera noche en la cárcel Castro Castro de San Juan de Lurigancho, en cumplimiento de una decisión del Poder Judicial que le ha impuesto prisión preventiva durante dieciocho meses. La Corte Superior de Lima consideró que se cumplen los tres requisitos que la ley prevé para privarlo de libertad antes de juicio: indicios concordantes de delito, prognosis de pena superior a cuatro años y riesgo de obstrucción de la Justicia. En el expediente de Villanueva, el tercer requisito se ve cumplido de manera flagrante puesto que fue detenido mientras trataba de gestionar con autoridades judiciales el manejo de su caso. La conducta de Villanueva resulta particularmente chocante porque hasta el pasado mes de marzo gozaba de la confianza del actual presidente, que lo nombró presidente del consejo de ministros.

Para entonces Villanueva era congresista de la bancada de APP después de haberse desempeñado con éxito como gobernador regional de San Martín, precisamente durante el periodo en que Vizcarra fue gobernador de Moquegua. Villanueva fue uno de los principales operadores de la tentativa de vacancia de Pedro Pablo Kuzcynski, llevada a cabo justamente en nombre de la lucha contra la corrupción. Naturalmente, la defensa de Villanueva multiplica las críticas a la Justicia y utiliza los mismos argumentos que ya hemos escuchado a propósito de otros líderes políticos de muy variadas tendencias. En materia de personalidades poderosas habremos visto todo tipo de reacciones, menos una: el reconocimiento sincero y la demanda de perdón. A estas alturas de la trama Lava Jato, resulta obvio que una vieja tradición de corrupción, un sistema precario de partidos y un marco normativo lleno de vacíos han favorecido que numerosos dirigentes sucumban a la tentación del dinero, con frecuencia para financiar su vida política o sobrevivir a ella.

En otros países sí hemos visto casos de personalidades que han reconocido los hechos, han pedido perdón a la sociedad y aprovechado la cárcel para lo que se supone es su objetivo: rehabilitar legal y moralmente a quien ha actuado contra el pacto social que vitaliza nuestra democracia. Uno de sus principios básicos es precisamente que el poder se ejerce en beneficio de los ciudadanos. Encarecer los costos de hospitales, escuelas, comisarías y carreteras es hacer un grave daño a las personas, además de herir la confianza en el Estado. En el curso de una ceremonia en una sede la FAP, el presidente Vizcarra ha sostenido que solo hemos dado el primer paso en la lucha contra la corrupción: la toma de conciencia inapelable de que es un mal al que no debemos resignarnos. La corrupción es un mal moral, como lo prueba el hecho de que quienes incurren en él recurren a la mentira para negar las evidencias. Pero también es un mal económico que impide nuestro desarrollo. En el siglo XIX atravesamos otro periodo en que el rápido enriquecimiento, producido por la exportación de guano, no fue utilizado para consolidar las instituciones y asegurar una educación de calidad para todos. De cómo termine la actual fase de lucha contra la corrupción dependerá el país que dejaremos a las próximas generaciones.

Y porque hablamos de cárceles, hoy se inaugura en el ICPNA de Miraflores la exposición-venta anual de obras de arte realizadas por prisioneros. El mérito corresponde a la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad, fundada por el recordado capellán de prisiones Hubert Lanssiers. Los encarcelados mantienen su dignidad. Y cada vez más pretenden contribuir con sus atribuladas familias ofreciendo el fruto de su aprendizaje en talleres y espacios de rehabilitación.

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