por Julio Cisneros
·Asi lo establecen resoluciones suscritas el último 17 de febrero por el subsecretario general del Despacho Presidencial, Luis Solorzano Yabar.
El Estado peruano no asumirá la defensa y asesoría legal de la expresidenta Dina Boluarte en la investigación preliminar que se le sigue en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.
Así lo establece una resolución suscrita el último 17 de febrero por Luis Solorzano Yabar, subsecretario general del despacho presidencial en el que se declara “improcedente” la solicitud de defensa y asesoría legal presentada por la exmandataria respecto a esta investigación preliminar.
Esta decisión fue emitida en atención a un informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica en el que se señala que de la evaluación tanto de la solicitud de la expresidenta Dina Boluarte como de la disposición fiscal sobre dicha investigación preliminar, no se advierte relación alguna entre los hechos materia de investigación, consistentes en el presunto incremento ilícito del patrimonio respecto de los ingresos legítimos y el ejercicio regular de las funciones que le corresponderían como presidente de la república.
Asimismo, se precisa que el delito de enriquecimiento ilícito agravado, por su propia naturaleza, se configura por el incremento patrimonial injustificado de carácter personal, el cual no constituye ni deriva del ejercicio de atribuciones, competencias o decisiones propias del cargo de Presidente de la República.
Se aprueba defensa en otros casos
No obstante, la Subsecretaria General del Despacho Presidencial sí autorizó que se otorgue el beneficio de defensa legal y asesoría legal a Boluarte respecto a las investigaciones que se le siguen en la Fiscalía de la Nación por los casos 'Cirugías', por un intento de evitar o paralizar investigaciones fiscales que involucraban a personas de su entorno cercano, mediante coordinaciones con asesores y la entonces fiscal de la Nación, lo que habría derivado en el desplazamiento del EFICCOP y la paralización de la acción penal y por los presuntos delitos de lesiones leves y lesiones graves en agravio de diversos ciudadanos durante las manifestaciones sociales registradas entre diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023.
A través de cuatro resoluciones suscritas el último 17 de febrero por Luis Solorzano Yabar, subsecretario general del despacho presidencial, se determinó que, de la evaluación de la documentación presentada, y los informes de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se advierte que las solicitudes de defensa y asesoría legal formulada por la exmandataria reúne los requisitos de admisibilidad establecida en la normativa de la materia respecto a estos cuatro casos.
Ante ello, se dispone que la Oficina General de Administración realice las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos, en virtud al beneficio concedido y se informe anualmente sobre la evaluación del servicio contratado.
Asimismo se dispone que el beneficio de defensa legal otorgado a la expresidente Dina Boluarte se circunscriba estrictamente a la disponibilidad presupuestal con la que cuente el Despacho Presidencial para dichos fines, y conforme a las normas vigentes.
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