Fiscal Hamilton Montoro asume investigaciones contra exgobernadores Yamila Osorio y Wilfredo Oscorima

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dispuso que el fiscal Hamilton Montoro, integrante de este grupo de trabajo, continúe apoyando al despacho del fiscal Germán Juárez Atoche y tenga a su cargo dos casos del denominado 'Club de la Construcción', en el cual empresas se beneficiaron con contratos con el Estado.

Montoro se encargará de la investigación contra la exgobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio, además de exfuncionarios como Rafael Granados y Fernando Castillo, así como la empresa ICGGSA, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo grave, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir en agravio del Gobierno Regional.

Además, el integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tomará el caso seguido contra el exgobernador Wilfredo Oscorima y otros, además de las empresas Obrainsa y Altesa por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir contra el Gobierno Regional de Ayacucho.

Se conoció que la Procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, asumirá la defensa del Estado en los casos Yamila Osorio y Wilfredo Oscorima, a cargo del Equipo Especial, luego de que recibiera la notificación de parte del fiscal Germán Juárez sobre el inicio de dichas investigaciones.

En el 2018, la Contraloría General de la República halló irregularidades en la obra del Tramo III de la Variante de Uchumayo que por ese entonces ejecutaba la gestión de Yamila Osorio Delgado. La Auditoría de Cumplimiento presentó cinco observaciones y recomendó a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional iniciar los procesos legales.

Una de las observaciones fue que en Gobierno Regional aprobó un expediente técnico con deficiencias y la actualización de su presupuesto que consideraba un incremento del costo de las partidas de muro prefabricado y pavimento de concreto hidráulico, ocasionó un mayor pago por las citadas partidas. El perjuicio económico al Estado ascendería a S/ 2 millones 464 mil

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