Columna | Alan García solo colabora con la Justicia cuando él la juzga conveniente a su versión de los hechos

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Veinticuatro horas después de haber anunciado que se allanaba al impedimento de salida del país impuesto por la Justicia, el expresidente Alan García ingresó a la residencia del embajador de Uruguay y solicitó el asilo político.

Su decisión contradice la voluntad reiterada en varias oportunidades de colaborar para “que las investigaciones se lleven a cabo”. Su justificación para asilarse en Uruguay retoma los argumentos políticos que había esbozado en Madrid, es decir la afirmación de que en el Perú se está tramando un golpe de Estado. En una carta atribuida a García y dirigida al presidente Tabaré Vásquez, Alan García alude a la convocatoria a un referendo “para establecer la NO reelección de los congresistas, como un recurso para fortalecer la pasajera popularidad del presidente accesitario tras la vacancia”.

Además, afirma que el Poder Ejecutivo aspira a copar otros poderes, criminaliza a los partidos políticos y exige la destitución del fiscal de la Nación. En suma, que el Perú vive un clima de persecución política, entre otras cosas, para distraer de supuestas responsabilidades penales del presidente y el primer ministro. Entrando al terreno de la caricatura, Alan García, siempre según la carta, compara la situación actual con la que creó el golpe de 1992, el mismo que justificó su asilo en Colombia. Ahora sabemos que a esa voluntad de distorsionar la verdad correspondió la hostilidad contra la prensa independiente, desde la llamada Ley Mulder hasta el reciente “imbéciles” proferido contra periodistas que lo interrogaban.

En los últimos días el propio Mulder ha pretendido comparar el pago por Odebrecht de una conferencia pronunciada por Alan García con un depósito recibido por RPP, empresa que asegura su independencia gracias a fuentes plurales de publicidad.

Cada ciudadano podrá juzgar con su propio criterio si la manera como Alan García describe la situación del país corresponde a la verdad o más bien sirve a su interés de evadir la justicia, a pocas horas de una cita prevista con el fiscal José Domingo Pérez. Lo que está claro es que no corresponde con su ofrecimiento de colaborar con la Justicia de nuestro país. Su pedido de asilo muestra que sólo colabora con la Justicia cuando él la juzga conveniente a su versión de los hechos.

Al hacerlo se comporta de manera similar a Alejandro Toledo, cuyas razones para huir del país son las mismas que Alan García utiliza ahora, después de haberlas criticado con severidad. Su actitud difiere radicalmente del comportamiento de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, quienes aceptaron sus respectivas prisiones preventivas pese a considerarlas injustificadas.

Los juristas discutirán sin ponerse de acuerdo sobre el marco normativo, principalmente fijado por la Convención de Caracas de 1954, inspirada por el caso de Haya de la Torre. Desde ya un exsenador aprista ha sostenido que el asilo político se justifica por la “persecución política”. Se trata del mismo que el 2007 aseguraba que Chile nunca concedería la extradición de Fujimori.

Los memoriosos saben que el gobierno de Julio Sanguinetti aceptó en 1996 el chantaje del MRTA y liberó a terroristas para obtener la liberación de su embajador, detenido en la residencia japonesa de Lima. Otros recordarán que el actual canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, fue vicepresidente durante el primer mandato de Tabaré Vásquez, cuando Alan García ejercía su segundo mandato.

En espera de que se pronuncie el Estado Uruguayo, lo que nos corresponde es la tarea que hemos preconizado siempre: garantizar la eficiencia de nuestras instituciones, respaldar la lucha contra la corrupción y forjar una agenda de consenso que convoque las mejores energías de nuestra sociedad.

Un hombre puede evadir la justicia. Nuestro país no.

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