Columna | Las leyes se acatan pero no se cumplen

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Cada día es más evidente que la reforma de nuestro sistema de administración de justicia es el requisito más importante para garantizar la credibilidad de todas las instituciones: las públicas y las privadas, las políticas y las empresariales, las sociales, las educativas y hasta las deportivas. Basta ver la cacofonía que producen algunas decisiones para confirmar que no contamos con autoridades creíbles, que las jerarquías son difusas y que persiste el viejo refrán de origen virreinal: “Las leyes se acatan pero no se cumplen”.

El caso más reciente tiene que ver con la situación judicial de Alberto Fujimori, cuyo indulto humanitario fue revocado por el Poder Judicial. Se han pronunciado el Presidente de la República, el Ministro de Justicia, el jefe de la OCMA y hasta las autoridades penitenciarias, sin que quede claro quién debe decidir y en qué plazo deben ser ejecutadas las decisiones.

Lo mismo puede decirse sobre el congresista y general Edwin Donayre, condenado por robar gasolina al Ejército, que se permite afirmar que si su cabeza rodara, no rodaría sola sino junto a la de muchos que se escudan en el Congreso y fingen combatir contra la corrupción. La lista de parlamentarios en el limbo jurídico incluye también a Héctor Becerril, a Moisés Mamani, a Kenji Fujimori, entre otros.

Es penoso por eso que no sepamos si el Congreso está tomando en serio su tarea de elaborar proyectos de ley que puedan ser discutidos y aprobados en el Pleno. Allan Wagner, presidente de Transparencia, ha reiterado que la reforma judicial reposa sobre dos pilares: la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y la nueva Autoridad de Integridad y Control. La necesidad de instituciones honestas y eficientes para nombrar magistrados y para evaluarlos es tan vieja como la República.

Sin ir más lejos, el ex presidente de la Corte Suprema Domingo García Rada publicó sus memorias de juez hace cuarenta años y dio cuenta de las dificultades para que los magistrados aceptaran un mecanismo de control que evitase a la vez los riesgos del corporativismo y los de la injerencia política. No hemos avanzado mucho desde entonces, y seguimos expuestos a los cálculos políticos que se reducen a crear las condiciones de la impunidad de los que tienen el poder.

Ejemplos de justicia

Dos ejemplos internacionales nos confirman que no estamos condenados a seguir cayendo en el mismo hueco. El primero es el caso del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que después de negativas y fingidas poses de indignación ha reconocido sus mentiras y su fraude fiscal. La justicia española le rechazó incluso una audiencia por videoconferencia y la estrella de la Juventus tuvo que viajar a Madrid para aceptar una deuda con el fisco superior a veinte millones de dólares.

El otro caso es el de Cesare Battisti, condenado en Italia a cadena perpetua por acciones terroristas a fines de los años setenta. Battisti vivió largo tiempo en Francia donde se convirtió en un exitoso escritor de novelas policiales y contó con el apoyo de personalidades como la cantante Carla Bruni, esposa del presidente Nicolas Sarkozy. Luego huyó a Brasil, donde la Corte Suprema decidió su extradición a Italia, pero Battisti contó con la protección supra-judicial del ex presidente Lula.

El temor a Jair Bolsonaro lo hizo entrar clandestinamente a Bolivia. Capturado por la policía boliviana, el presidente Evo Morales demoró tres días en ordenar su expulsión a Italia. De nada le valieron sus relaciones internacionales, su notoriedad como escritor, ni sus denuncias contra los tribunales sin rostro de los años setenta.

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