El ministro del Interior, Carlos Morán, respondió a acusaciones de 'chuponeo' de parte de Alan García y el Apra. | Fuente: Andina

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Dentro de tres días todos los peruanos estamos convocados a pronunciarnos sobre cuatro reformas constitucionales que aspiran a mejorar nuestro sistema judicial y nuestro sistema de representación política. Sin embargo, los partidos no se han comprometido activamente con la consulta popular y la mayor parte de los ciudadanos no ha recibido orientación suficiente sobre los alcances las preguntas que debemos responder. Al revés, el clima político sigue marcado por las consecuencias de la trama de fondo de nuestra vida política: la lucha contra la corrupción.

En efecto, tres acontecimientos producidos ayer despiertan más interés que los cambios que van a ser introducidos a partir de los resultados del referendo. El primero es la denegación de asilo al exjuez César Hinostroza, decidida por el gobierno español. Hinostroza, igual que Alan García semanas más tarde, adujo que era víctima de una persecución política. España ha contestado que no, lo que abre la posibilidad de acelerar la extradición de Hinostroza, a fin de dar explicaciones a la Justicia de la que pretendió huir buscando asilo.

Un nuevo proyecto polémico

El segundo acontecimiento es un voto del Pleno del Congreso que aprobó una nueva figura penal para definir el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Los fujimoristas aseguran que la ley llena un vacío legal, pero muchos especialistas consideran que la nueva ley hará más difíciles las investigaciones a organizaciones criminales albergadas por partidos. Asimismo en adelante las penas serán más benignas que las correspondientes a la figura penal que se usaba hasta hoy, la del lavado de activos.

La congresista Rosa Bartra propuso que la ley fuese exonerada de una segunda votación, sin explicar cuál es el apuro y por qué se toma el riesgo de precipitación en un asunto que tiene que ver con investigaciones en curso. La Junta de Portavoces aceptó también convocar a un Pleno extraordinario el próximo sábado, para pronunciarse sobre el caso del congresista Moisés Mamani, acusado por la Comisión de Ética de tocamientos indebidos. Pero, ¿porqué fijar la fecha la víspera del referendo?

Acusación de 'chuponeo' y respuesta

El tercer acontecimiento tuvo lugar en la calle en la que vive el expresidente Alan García. El líder del APRA afirmó que un vehículo de la policía ha venido realizando interceptación ilegal de sus comunicaciones. García concluyó que “prácticas montesinistas siguen en marcha” y que eso significa que “no existe Estado de Derecho” en nuestro país.

Presentándose como una víctima, atribuyó la responsabilidad de esas prácticas al presidente Vizcarra. En suma, una vuelta a las tesis de la persecución política que ya fueron rechazadas por Uruguay cuando le denegó la solicitud de asilo. El tema ha dado pretexto para que algunos dirigentes apristas soliciten la renuncia del ministro del Interior y otros incluso mencionan la vacancia del Presidente.

Sin embargo, el ministro Carlos Morán informó que el vehículo mencionado formaba parte de un dispositivo legal, solicitado por el secretario del propio Alan García, para garantizar la seguridad del expresidente. Algunos observadores consideran que el incidente es una maniobra del APRA para relanzar la decaída imagen de Alan García, justificar a posteriori su frustrada solicitud de asilo y manipular el espectro de un golpe de Estado.

García precisó que los hechos registrados delante de su domicilio son tanto más graves que se producen a pocos días del referendo. Otros observadores juzgan que el ministro Morán disimuló una maniobra ilegal de “chuponeo” en perjuicio de Alan García y sus interlocutores. Por ahora, lo único seguro es que el incidente no contribuye a crear el clima de serenidad que debe preceder a una consulta popular como la prevista el domingo.

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