Este viernes se inició el proceso a 5 oficiales y 29 suboficiales de La Marina por las ejecuciones extrajudiciales de presos por terrorismo en El Frontón (1986).
Este viernes comenzó un nuevo proceso judicial por el caso de la matanza de presos por terrorismo en el penal de El Frontón (1986). El juicio, en el que están acusados 5 oficiales y 29 suboficiales de La Marina por de homocidio calificado, solo incluye a los autores inmediatos de los delitos y no a los intelectuales o políticos.
¿Qué pasó en El Frontón? El 18 de junio de 1996, mientras en Lima se desarrollaba un congreso de la Internacional Socialista, cumbre de partidos de izquierda en el que participaba el APRA y el presidente Alan García, presos por terrorismo (algunos sin sentencia) en el penal de Lurigancho, la prisión para mujeres Santa Bárbara y la isla de El Frontón, se amotinaron de forma coordinada. Tras un fallido intento de negociación, el gobierno decidió tomar el control de los penales por la fuerza. La operación, llevada a cabo el 19, estuvo a cargo de La Marina y dejó un saldo de 118 presos muertos según la CVR y 133 según esta nueva acusación. El caso fue archivado por el Fuero Militar y fue reabitero en el 2001 a pedido de la Corte de San José.
La nueva acusación. Treinta años después de los hechos y luego de varios proceso judiciales fallidos, la fiscal Luz Ibáñez Carranza pidió entre 25 y 30 años para 6 oficiales y 29 suboficiales como autores directos de las ejecuciones extrajudiciales. A diferencia de procesos previos, este incluye a Héctor Lazo Galliani y Carlos Trevejo Rojas, dos excapitanes de fragata. Según el expediente del caso, citado por el diario La República, el primero es señalado como la máxima autoridad entre los marinos que llegaron a la isla para acabar con el amotinamiento y al segundo como el jefe de elemento de maniobra. Se pide para ellos 30 y 28 años de cárcel.
Ambos habrían autorizado a los oficiales Carlos Tello Aliaga y Luis Román Rodríguez, a cargo de pelotones de fusileros, para ejecutar la matanza. Los otros dos oficiales son el teniente de Primera Eladio Ching Benavides y el teniente de Primera César Patrón Baldwin, acusados de homicidio calificado. Para todos ellos se pide 27 años de cárcel. También están acusados las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES), quienes volaron el Pabellón Azul del penal usando “potentes explosivos C4, colocados en las columnas” de estas, y también fusilaron víctimas.
Los cuerpos del delito. Según la defensa de las víctimas, los restos de estas siguen sin ser entregadas a sus familiares por el Estado Peruano. Solo 21 de los 133 presos, según las cifras que cita La República, han sido devueltos. Los cadáveres estarían enterrados en fosas clandestinas y en cementerios de Lima. A inicios de agosto, el Ministerio Público entregó siete cuerpos a sus familiares, los cuales fueron enterrados en un mausoleo de Comas con un desfile por las calles con pancartas alusivas a la amnistía a la cúpula terrorista de Sendero Luminoso. El hecho desató polémica por la presunta apología al terrorismo en el homenaje que recibieron y la Fiscalía ha pedido que el lugar sea demolido.
Inicio accidentado. El juicio comenzó este viernes y estuvo marcado, como gran parte de la escena política peruana desde su descubrimiento, por el tema del mausoleo. Los familiares de las víctimas pidieron este no sea demolido y también que Alan García, presidente durante la matanza e involucrado en este caso como testigo, sea incluido como acusado. La fiscal Ibáñez y los magistrados de la Sala Penal Nacional (SPN) dijeron que estos temas no debían tratarse, al menos no al inicio del proceso. Según el diario El Comercio, los abogados de, entre ellos Alfredo Crespo y Manuel Fajardo (exdefensores del cabecilla senderista Abimael Guzmán) desvirtuaron con estos pedidos la audiencia, que duró dos horas y media. Finalmente, ante el pedido de la defensa de los exmarinos de que la acusación vuelva al fiscal por presuntos errores, el SNP deberá decidir si el proceso seguirá o se suspenderá hasta que estos se corrijan.
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