Contraloría: cerca de mil funcionarios y servidores están impedidos de trabajar en el Estado

La Contraloría General reveló que, al 31 de julio del 2018, un total de 967 funcionarios y servidores públicos se encontraban suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al contar con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus labores.

Los departamentos con mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son: Lima (171), debido a que concentra el mayor número de entidades públicas; Cajamarca (90), Lambayeque (76), Tumbes (63), Arequipa (57) y Ayacucho (52).

De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados fueron suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado durante 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.

Las entidades con mayor número de sancionados son: Gobierno Regional de Tumbes (28), Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO, Tumbes (25), Gobierno Regional de Pasco (21) y Municipalidad Provincial de Chiclayo - Lambayeque (20).

Al 31 de julio del 2018, existen 1,031 sanciones vigentes inscritas que comprenden a 967 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. Algunos de ellos (49) cuentan con dos o más sanciones administrativas vigentes.

La Contraloría General ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.

Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de la Autoridad del Servicio Civil (Servir) y publicadas en el portal institucional de la Contraloría General, como parte de la política de transparencia y acceso a la información.