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No obstante, la respuesta del titular del Parlamento fue que los congresistas "no están sujetos a mandato imperativo", por lo que no se puede impedir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aborde la denuncia presentada por 5 congresistas.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, remitió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitándole que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) no se avoque a la denuncia constitucional presentada por 5 parlamentarios contra la fiscal suprema Delia Espinoza, por incluir a 14 congresistas en las investigaciones contra Patricia Benavides.
Como se sabe, el pasado 15 de marzo, los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Édgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón (Acción Popular), Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular) e Ilich López (no agrupado) presentaron dicho recurso ante la SAC cuestionando que Espinoza Valenzuela tuviera competencias para investigar a dichos parlamentarios -entre los que se encuentran los 5 denunciantes- por el referido caso contra la exfiscal de la Nación.
Asimismo, dichos legisladores solicitaron que la referida fiscal suprema sea inhabilitada por 10 años en el ejercicio de la función pública.
Solicitud del fiscal de la Nación
El mismo viernes que se hizo pública la denuncia presentada por los referidos parlamentarios, el fiscal de la Nación interino remitió un oficio al presidente del Congreso indicándole que, por acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, se decidió solicitarle que la SAC se abstenga de avocarse a dicho recurso contra Espinoza.
En sus fundamentos, Villena Campana señaló que "la defensa de Patricia Benavides interpuso una solicitud de tutela de derechos ante el Juez Supremo de investigación preparatoria, estando pendiente de resolver por el órgano jurisdiccional".
"Es menester tener presente que la Constitución (...) establece que 'Ninguna autoridad puede abocarse [SIC] a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones', garantía de independencia judicial que sanciona penalmente en caso de vulneración (...) Es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un país, está por encima de todas las normas, y su cumplimiento es obligatorio para los poderes públicos y privados", indicó el titular del Ministerio Público en el oficio.
"El principio de independencia judicial exige la imposibilidad de aceptar intromisiones en el conocimiento de los casos y controversias que son de conocimiento del Poder Judicial", agregó.
Por tanto, el fiscal de la Nación indicó que "estando pendiente de resolverse en el órgano jurisdiccional competente la tutela de derechos respecto a la competencia de la magistrada Delia Espinoza", solicitaba al titular del Parlamento que, "a través de su presidencia", la SAC "se abstenga de avocarse al conocimiento de la denuncia constitucional promovida" por los 5 congresistas referidos.
Respuesta de Alejandro Soto
La respuesta del titular del Congreso llegó el 18 de marzo a través de un oficio. En dicha comunicación, Soto Reyes le manifestaba la "imposibilidad legal de atender su solicitud".
"El procedimiento de acusación constitucional establecido en los artículos 99 y 100° de la Constitución es un procedimiento rigurosamente reglado por el artículo 89 del Reglamento del Congreso y que el Parlamento, como operador exclusivo y excluyente del mismo, debe observar en todos los procesos de acusación constitucional, sin espacios para actos discrecionales", respondió Alejandro Soto.
"En este sentido, el Reglamento del Congreso no prevé en dicho procedimiento la posibilidad de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda discrecionalmente 'abstenerse' de conocer la denuncia constitucional presentada, sino todo lo contrario, debe realizar los actos procesales que corresponden a su estado, en los términos previstos por el artículo 89 del Reglamento del Congreso", agregó.
Asimismo, Soto indicó en su respuesta que "los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y, por ello, el ejercicio de las funciones congresales no puede ser limitado por decisiones como (...) un acuerdo de la Junta de Fiscales, el cual no puede limitar ni impedir que el Congreso, sus órganos parlamentarios y los Congresistas ejerzan sus atribuciones, conforme al mandato establecido en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso".
Al término del oficio, el presidente del Legislativo le indicó al fiscal de la Nación que su despacho no estaba teniendo en cuenta lo establecido en el Código Penal respecto a que “el que, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad elegida en un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal juramentar, asumir o ejercer sus funciones será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años".
"Si el agente es funcionario o servidor público sufrirá, además, inhabilitación de uno a tres años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 8", puntualizó el oficio.
Alejandro Soto se pronunció sobre eventual allanamiento a despachos de congresistas
Cabe resaltar que la posición del presidente del Congreso ante las investigaciones contra los 14 parlamentarios por parte de la Fiscalía quedó establecida con un pronunciamiento que emitió vía su cuenta oficial de X (ex Twitter).
El último viernes, el congresista Édgar Tello (Bloque Magisterial), uno de los 14 investigados, indicó a través de dicha red social que "existen comentarios de allanamiento a los domicilios y despachos de los congresistas en las próximas semanas, motivado aparentemente por la Fiscal Delia Espinoza".
"Su único objetivo es amedrentar a los congresistas que firmamos por su inhabilitación por 10 años al cometer una infracción constitucional abusando de su cargo. Siempre he estado y seguiré a disposición a cualquier investigación contra mi persona, pero no se puede permitir politizar la justicia haciendo show mediático", señaló Tello.
Unas horas después, el presidente del Legislativo respondió el tuit de su colega diciendo que no permitirá "una intromisión" del Ministerio Público en los despachos de los congresistas.
"Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado", indicó.
Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del @congresoperu, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado. https://t.co/lit4SmwAeQ
— Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) March 16, 2024
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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