Alejandro Soto sobre eventual allanamiento de despachos de congresistas: "No permitiré una intromisión de esta naturaleza"

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se pronunció respecto a la posibilidad de que los despachos de los congresistas incluidos en la investigación del Ministerio Público contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides sean allanados en los próximos días, como parte de dichas diligencias.

Como se sabe, el pasado 1 de marzo, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, anunció que se había incluido a 14 congresistas y dos exfiscales adjuntos supremos en la investigación contra Benavides Vargas, por presuntamente liderar una organización criminal.

En ese sentido, los 14 parlamentarios son Martha Moyano Delgado, Patricia Chirinos Venegas, José Balcázar Zelada, Katy Ugarte Mamani, Edgar Tello, German Tacuri Valdivia, Luis Cordero Jon Tay, Jose Williams Zapata, Luis Ángel Aragón Carreño, José Enrique Jeri Oré, Ilich Fredy Lopez Ureña, Cesar Manuel Revilla Villanueva, Jorge Luis Flores Ancachi, y el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.

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"No permitiré una intromisión de esta naturaleza"

La noche de ayer, viernes, el congresista Édgar Tello (Bloque Magisterial), uno de los 14 investigados, indicó a través de la red social X (ex Twitter) que "existen comentarios de allanamiento a los domicilios y despachos de los congresistas en las próximas semanas, motivado aparentemente por la Fiscal Delia Espinoza".

"Su único objetivo es amedrentar a los congresistas que firmamos por su inhabilitación por 10 años al cometer una infracción constitucional abusando de su cargo. Siempre he estado y seguiré a disposición a cualquier investigación contra mi persona, pero no se puede permitir politizar la justicia haciendo show mediático", señaló Tello. 

Unas horas después, el presidente del Legislativo respondió el tuit de su colega diciendo que no permitirá "una intromisión" del Ministerio Público en los despachos de los congresistas.

"Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado", indicó.

Vale resaltar que ayer los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Édgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón (Acción Popular), Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular) e Ilich López (no agrupado) presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La denuncia fue formulada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de la función pública, debido a que dicha fiscal suprema incluyó a 14 parlamentarios -entre ellos, los 5 denunciantes- en la investigación que se sigue contra Patricia Benavides. 

Además, los referidos legisladores solicitan que la magistrada Espinoza Valenzuela sea inhabilitada por diez años del ejercicio de la función pública. 

Al respecto, el parlamentario Ilich López, en declaraciones para RPP, indicó que se presentó la denuncia porque "nadie en el Perú debe tener corona".

"Considero que, en el Perú, la justicia debe administrarse adecuadamente. (Delia Espinoza) no es competente para que firme disposiciones; por tanto, sus acciones lo que van a hacer es generar nulidades y, particularmente, ensuciar un proceso, una investigación que debe ser rápida, célere, transparente, sin ningún tipo de cuestionamientos", sostuvo.

"Considero, por tanto, que nadie en el Perú (…) debe tener corona. Ni la presidenta de la república, ni Ilich López, ni la fiscal Delia Espinoza”, agregó. 

En esa línea, los denunciantes señalan que, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, dicha fiscal suprema es una funcionaria "de segundo nivel, por debajo del fiscal de la Nación", y que solo a dicho funcionario le corresponde "realizar investigaciones previas a la acusación constitucional de funcionarios comprendidos en artículo 99 de la Constitución".

"Es decir, (el fiscal de la Nación) es el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República", resalta.

Cabe recordar que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 024-2024-MP-FN, de enero de este año, el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, dispuso que el despacho de Delia Espinoza "conozca, en adición a sus funciones, los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos que correspondan a la investigación seguida" contra Benavides Vargas.

No obstante, los congresistas denunciantes alegan que "se trata de una decisión de índole administrativa que vulnera el principio de legalidad, en la medida en que constituye el ejercicio de una atribución no conferida por la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público o la Ley N° 27399".

Junta de Fiscales Supremos rechazó denuncia de congresistas investigados

Por su parte, la Junta de Fiscales Supremos rechazó este viernes la denuncia constitucional por presunta infracción constitucional, que presentaron cinco congresistas contra la fiscal suprema titular Delia Espinoza.

Mediante un pronunciamiento, el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público señaló que la denuncia presentada carece de sustento jurídico y fáctico.

El fiscal de la Nación interino, Juan Villena, hizo constar que se excusó de investigar a la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides, pues era inminente su convocatoria como testigo en esta investigación, por su intervención en uno de los hechos principales a investigarse relacionados a la búsqueda de votos de los congresistas para lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Así, garantizó mediante dicha decisión la prevalencia de los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia en la investigación, amparado en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley 273999 y el Código Procesal Penal.

Por su parte, el fiscal supremo titular Pablo Sánchez, en el mismo sentido, respaldó la decisión tomada por el fiscal de la Nación interino, en la disposición de la excusa, mediante la cual expresamente consideró que estaba en la misma situación por su participación en las juntas de fiscales supremos, donde incluso se solicitó la renuncia de la exfiscal de la Nación.

Asimismo, la Junta de Fiscales Supremos señaló que, a la fecha, ambos magistrados han declarado como testigos en las investigaciones que conduce la fiscal suprema titular Delia Espinoza.

Indicaron, además, que la fiscal suprema titular Delia Espinoza expresó su estricto respeto a la Constitución y las leyes, así como a las disposiciones emitidas por el fiscal de la Nación interino, por lo que asumió la derivación de las investigaciones mencionadas para cumplir con sus funciones y atribuciones, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes conexas.

Asimismo, se pronunciaron sobre el cuestionamiento a la competencia de la fiscal suprema Delia Espinoza, el cual señalaron, a la fecha se encuentra pendiente de pronunciamiento judicial (tutela de derechos, promovida por los abogados de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides) por parte del juzgado supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

En esa línea, desde la Junta de Fiscales Supremos indicaron que ninguna autoridad puede avocarse a causa pendiente de resolver por la judicatura.

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