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La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque la fiscal suprema Delia Espinoza incluyó a 14 congresistas en la investigación que sigue contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Congreso
La denuncia constitucional fue presentada por el presunto delito de abuso de autoridad
Los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Édgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón (Acción Popular), Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular) e Ilich López (no agrupado) presentaron este viernes una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
La denuncia fue formulada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de la función pública, debido a que dicha fiscal suprema incluyó a 14 parlamentarios -entre ellos, los denunciantes- en la investigación que se sigue contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Además, los referidos legisladores solicitan que la magistrada Espinoza Valenzuela sea inhabilitada por diez años del ejercicio de la función pública.
Al respecto, el parlamentario Ilich López, en declaraciones para RPP, indicó que se presentó la denuncia porque "nadie en el Perú debe tener corona".
"Considero que en el Perú, la justicia debe administrarse adecuadamente. (Delia Espinoza) no es competente para que firme disposiciones; por tanto, sus acciones lo que van a hacer es generar nulidades y, particularmente, ensuciar un proceso, una investigación que debe ser rápida, célere, transparente, sin ningún tipo de cuestionamientos", sostuvo.
"Considero, por tanto, que nadie en el Perú (…) debe tener corona. Ni la presidenta de la república, ni Ilich López, ni la fiscal Delia Espinoza”, agregó.
Fundamentos
La referida denuncia se fundamenta en que Delia Espinoza, el pasado 1 de marzo, dispuso "incorporar a la investigación preliminar" seguida contra Benavides Vargas "a 14 congresistas de la República", a quienes se les imputa "diversos delitos y se ha dispuesto la realización de una serie de diligencias como parte de la investigación".
En esa línea, los denunciantes señalan que, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, dicha fiscal suprema es una funcionaria "de segundo nivel, por debajo del fiscal de la Nación", y que solo a dicho funcionario le corresponde "realizar investigaciones previas a la acusación constitucional de funcionarios comprendidos en artículo 99 de la Constitución".
"Es decir, (el fiscal de la Nación) es el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República", resalta.
Cabe recordar que, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 024-2024-MP-FN, de enero de este año, el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, dispuso que el despacho de Delia Espinoza "conozca, en adición a sus funciones, los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos que correspondan a la investigación seguida" contra Benavides Vargas.
No obstante, los congresistas denunciantes alegan que "se trata de una decisión de índole administrativa que vulnera el principio de legalidad, en la medida en que constituye el ejercicio de una atribución no conferida por la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público o la Ley N° 27399".
"La violación del debido proceso, desde la perspectiva del derecho al fiscal competente, es evidente. Esto se debe a que una fiscal suprema, sin más fundamento que una disposición administrativa, ha asumido indebidamente la autoridad para incluir a congresistas en investigaciones preliminares que ella misma ha iniciado, a pesar de no tener competencia para llevar a cabo dichas investigaciones en el procedimiento de acusación constitucional (...) Es importante destacar que esta disposición administrativa carece de la fuerza necesaria para superar las normas legales de mayor jerarquía, como la Constitución y la ley", arguyen en la denuncia.
"Más aún, al hacerlo, lo que la funcionaria en cuestión ha hecho es incurrir en un acto de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, así como en infracción de la Constitución, dado que, simultáneamente, ha agraviado las garantías institucionales que rodean a la función parlamentaria", agregan.
Investigación contra 14 congresistas
El pasado 1 de marzo, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, informó que incluyó a 14 congresistas y dos exfiscales adjuntos supremos en la investigación contra la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal en dicha institución.
Los 14 parlamentarios son Martha Moyano Delgado, Patricia Chirinos Venegas, José Balcázar Zelada, Katy Ugarte Mamani, Edgar Tello, German Tacuri Valdivia, Luis Cordero Jon Tay, Jose Williams Zapata, Luis Ángel Aragón Carreño, José Enrique Jeri Oré, Ilich Fredy Lopez Ureña, Cesar Manuel Revilla Villanueva, Jorge Luis Flores Ancachi, y Alejandro Soto Reyes.
Asimismo, indicó que incorporó como investigado al líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado contra el Estado peruano.
También fue incluido el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, por el presunto delito de cohecho pasivo específico.
El Ministerio Público detalló además que la investigación es por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, cohecho activo genérico, patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado, y negociación incompatible en agravio del Estado.
📢 #COMUNICADO de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos: pic.twitter.com/JtcGnE0UB4
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 2, 2024
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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