Derrame de petróleo
Trabajadores realizan labores de limpieza en las playas de Ventanilla. | Fuente: EFE

El Ministerio Público incluirá a funcionarios de tres instituciones públicas en la investigación preliminar abierta por el caso del derrame de petróleo registrado el pasado 15 de enero en las playas del norte de nuestra capital.

Se trata de servidores públicos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Lima Noroeste determinó ampliar esta investigación preliminar para incluir a dichos funcionarios por una presunta responsabilidad funcional, ya que habrían omitido su labor de fiscalización administrativa.

Estas instituciones del Estado, de acuerdo con disposiciones legales, deben realizar tareas de verificación, fiscalización y control de cumplimiento de los planes de contingencia ante un derrame de petróleo con afectación al medio ambiente como ocurrió en el norte de la capital.

Pedido de impedimento de salida

También como parte de esta investigación, la Fiscalía ha solicitado 18 meses de impedimento de salida del país para cuatro representantes de la Refinería La Pampilla S.A, administrada por el grupo Repsol.

Este pedido será resuelto mañana viernes 28 de enero por el juez penal de Ventanilla, Romualdo Aguedo Arana. El magistrado informó que emitirá su decisión desde las 8 de la mañana en una audiencia virtual.

La solicitud recae sobre Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, gerente general de la empresa Refinería La Pampilla; Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gísela Cecilia Posada Jhong, gerenta de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción. Todos ellos son investigados por el presunto delito de contaminación ambiental.

El juez Aguedo Arana evaluó el requerimiento que hizo la fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Tamara Gonzáles, quien argumentó que resulta necesario garantizar la permanencia de estas personas en el territorio nacional mientras se desarrollan las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y poder establecer las responsabilidades del caso.


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