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por Julio Cisneros
·La Fiscalía de la Nación amplió el número de delitos por los cuales será investigada la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el denominado 'caso Rolex'. ¿Cuáles son los cargos atribuidos a la mandataria y que podrían complicar su situación legal? Los detalles en la siguiente nota.
La situación legal de la presidenta, Dina Boluarte, se complica luego de que la Fiscalía de la Nación haya decidido ampliar el abanico de delitos por los cuales será investigada, con relación al caso denominado 'caso Rolex'.
Ahora se atribuye a la mandataria el presunto delito de cohecho pasivo impropio en perjuicio del Estado, según una disposición reciente emitida el pasado 24 de abril por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
La medida fue adoptada luego de que el pasado 5 de abril, la mandataria revelara al Ministerio Público y a los medios de comunicación que recibió en calidad de "préstamo" tres costosos relojes de la marca Rolex de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
“Respecto de los relojes debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi wayki, mi hermano me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo los cuales ya he devuelto y como esos relojes no son de mi propiedad no estaba en la obligación a declararlos en la declaración de bienes y rentas”, fue lo que señaló la jefa de Estado.
La entrega de estos artículos coincide con un aumento en el presupuesto asignado a la región Ayacucho desde que Dina Boluarte llegó al poder, un hecho que, según el criterio del abogado penalista Julio Rodríguez, podría acreditar una responsabilidad penal si fuera probado por la Fiscalía.
“un amigo dadivoso me presta joyas y relojes que en su momento tendré que devolvérselos, pero si se acredita para la Fiscalía y comienzo a construir los indicios que no se trata de un préstamo sino que se trataba de una dadiva y que este eventualmente podría estar ligada a contra prestaciones sobre la base de favores entre comillas de actos funcionales que favorezcan a ese gobierno regional ya no estaríamos hablando evidentemente de un comportamiento que podamos decir debe ser repudiado políticamente o socialmente , estamos hablando de un delito”, sostuvo el letrado en una entrevista al programa Las cosas como son de RPP.
¿Qué dice la ley?
Según la ley penal, el cohecho pasivo impropio se atribuye al funcionario que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativos o beneficios indebidos para realizar un acto propio de su cargo, sin incumplir con su obligación.
La norma establece que, si el funcionario acepta el soborno, se le sanciona con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, además de una inhabilitación que va de 180 a 365 días y una multa.
En tanto, si el funcionario solicita el soborno, se le sanciona con una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, junto con una inhabilitación que va de 180 a 365 días y una multa.
Estos relojes de alta gama, junto con una pulsera, fueron incautados por la Fiscalía de la Nación el pasado 11 de abril durante una diligencia de exhibición de estos artículos.
Los bienes fueron llevados por Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, quien fue incluido en esta investigación preliminar por el presunto delito de cohecho activo genérico.
Este delito sanciona con una pena no menor de tres ni mayor de seis años de prisión al ciudadano que ofrece, da o promete a un funcionario un donativo o beneficio para que realice u omita actos en contra de sus obligaciones, con o sin faltar a su deber.
Las medidas adoptadas complican la situación legal de la presidenta, Dina Boluarte, quien desde el ultimo 18 de marzo afronta también una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito, que se sanciona con una pena de entre 10 a 15 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargo público, en el caso de ser funcionario de la alta dirección del Estado.
Al mismo tiempo la mandataria es investigada por el presunto delito de omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado, que se sanciona hasta con seis años de cárcel. Esta pesquisa es motivada tras hallarse observaciones en sus declaraciones juradas en las que aparece un incremento patrimonial de más de 432 mil soles en un plazo de dos años y por la posesión de joyas de gran valor, tal como lo explica el abogado penalista, César Nakasaki.
“Enriquecimiento ilícito es investigación por un patrimonio injustificado por determinar, implica joyas, implica el dinero del que se habla y también que se ha hecho la denuncia todo lo que se parte del patrimonio dinero joyas, bienes muebles e inmuebles”, manifestó durante una entrevista en Ampliación de Noticias.
La investigación preliminar a la presidenta de la República cobró protagonismo cuando, el pasado 29 de marzo, personal de la Fiscalía de la Nación, junto con agentes policiales de la DIVIAC, allanaron la vivienda de la mandataria ubicada en el distrito limeño de Surquillo, así como el despacho presidencial dentro del Palacio de Gobierno. Durante el operativo, se incautaron una serie de bienes y documentación relevante para establecer las responsabilidades en el caso.
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Julio Cisneros Periodista
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