La defensa de la mandataria alega en su recurso una vulneración al principio de legalidad procesal y el derecho al plazo razonable respecto a esta investigación preliminar iniciada el pasado 10 de mayo por los presuntos delitos de encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad en perjuicio del Estado.
La presidenta Dina Boluarte solicitó al Poder Judicial que ordene al Ministerio Público dar por concluida la investigación preliminar que se le sigue por la desactivación del Equipo Especial de la Policía que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
La defensa legal de la mandataria presentó un pedido de control de plazos en el que alega una vulneración al principio de legalidad procesal y el derecho al plazo razonable respecto a esta investigación preliminar que se le inició el último 10 de mayo por los presuntos delitos de encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad en perjuicio del Estado.
Ello luego de haber solicitado de manera reiterativa a Fiscalía la conclusión de esta investigación preliminar.
Esta solicitud de control de plazo fue interpuesta ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el miércoles 23 de octubre a las 10 de la mañana la audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión al respecto.
En esta investigación preliminar también fue comprendido el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, por los mismos cargos a raíz de este caso.
Investigación
El Ministerio Público inició esta investigación preliminar en atención a la emisión de la Resolución Ministerial 0610 -2024 -IN mediante la cual se desactiva el Equipo Especial de la Policía por una presunta duplicidad de funciones entre este grupo policial y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).
La Fiscalía relaciona la emisión de esta Resolución Ministerial que dispone la desactivación de este Equipo Especial de la Policía con la ejecución de una resolución judicial en la que se ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y otros por el caso ‘Los waykis en la sombra’.
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