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por Sergio Espinoza
·La defensa legal de Dina Boluarte insiste en que la investigación contra Dina Boluarte "carece de justificación adecuada".
La presidenta Dina Boluarte pidió al Tribunal Constitucional (TC) programar una audiencia donde se revise el recurso de amparo que presentó para anular la investigación fiscal que se le sigue por las muertes durante las protestas antigubernamentales, registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
A través de su abogado Joseph Campos Torres, la mandataria insistió en que el proceso que se le sigue vulnera la inmunidad presidencial mediante una “incorrecta aplicación” de las competencias del Ministerio Público
“Esta situación distorsiona la naturaleza de dicha prerrogativa que ostenta la Fiscalía […]. La inclusión de la presidenta en este proceso carece de justificación adecuada y de una evaluación previa de su pertinencia, lo que representa un acto arbitrario y que debe ser corregido por la justicia constitucional”, se lee en el texto.
Dina Boluarte pide al TC revisar su recurso
La defensa legal de Boluarte Zegarra alegó que urge resolver el recurso, porque la prolongación del procesión fiscal “ha causado perjuicios significativos tanto a la figura presidencial como a la institucionalidad del país”, además de vulnerar los “derechos fundamentales” de la jefa de Estado en el ámbito personal.
“Por tanto, resulta imprescindible que la jurisdicción constitucional rectifique este proceder injustificado y restablezca la excepcionalidad de las investigaciones que impacten la institucionalidad presidencial”, alegó la defensa.
“La premura y urgencia de este caso radica en la necesidad de detener la continua banalización de la inmunidad presidencial y de evitar que la Presidencia de la República siga siendo objeto de interferencias indebidas e investigaciones sin fundamentos sólidos…”, finiquitó.
Boluarte y la denuncia constitucional por muertes en protestas
El 30 de julio pasado, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional, ante el Congreso, contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022.
La denuncia también alcanza a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola, a Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa; y a César Cervantes, Víctor Rojas y Vincente Romero, exministros del Interior, como supuestos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.
Dina Boluarte y los referidos exministros son señalados por la Fiscalía como presuntos autores de los delitos de homicidio calificado, a título de comisión por omisión impropia en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, un joven de 19 años fallecido en Apurímac, y otras víctimas.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte y otros, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los DD. HH. pic.twitter.com/9i1opIW3EW
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2024
Además, por el delito de lesiones graves, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega, también de Apurímac, y lesiones leves en agravio de Miguel Ángel Velásquez Chilingano, un joven de 23 años que habría sido herido por un proyectil de arma de fuego en el aeropuerto de Huancabamba, en Andahuaylas. La Fiscalía indicó que habría otras víctimas por ambos delitos.
"Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 al 9 de febrero en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad", indicó el Ministerio Público.
El Ministerio Público precisó que existen 303 carpetas fiscales repartidas entre todas esas regiones, "en las que se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte públicos, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones en agravio del Estado y de miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
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Sergio Espinoza Periodista
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