La demanda ante la CIADI es un ataque contra los intereses del Estado peruano. Ante el ataque de una empresa corrupta se podría esperar unidad por parte de todos los que anteponen los intereses del Perú.
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La apertura económica ha sido uno de los factores más importantes durante el ciclo más largo de crecimiento que nuestro país haya conocido a lo largo de su historia. La inversión extranjera y la multiplicación de nuestras relaciones comerciales, junto a nuestros recursos naturales y el esforzado trabajo de los peruanos nos permitieron salir de los escombros en que se hallaba el Perú como consecuencia del terrorismo, la demagogia y la hiperinflación. A medida que el Perú se reintegraba a la comunidad internacional, fueron apareciendo instituciones como INDECOPI, SICRECI y los Organismos supervisores para garantizar el funcionamiento del mercado y el respeto a las reglas del juego. Los numerosos tratados de libre comercio nos abrieron nuevos mercados, gracias a los cuales hoy exportamos a más de setenta países productos, como el arándano y la páprica, que no existían en nuestro país. En este marco general aprendimos a lidiar en los tribunales arbitrales de la Cámara Internacional de arreglo de diferencias sobre la inversión, conocida por su sigla de CIADI, bajo tutela del Banco Mundial.
Hemos ganado la mayoría de los casos gracias a la acción eficaz del Estado y la contratación de abogados competentes. Ahora nos hallamos ante una demanda inédita por el monto de lo reclamado, la complejidad de los nexos tejidos por Odebrecht en nuestro país y por el factor corrupción. La demanda ante la CIADI es un ataque contra los intereses del Estado peruano. Perder el caso sería deshonroso y perjudicial para los que esperan que el dinero de nuestros impuestos se use en mejorar la calidad de vida de nuestra población. Ante el ataque de una empresa corrupta se podría esperar unidad por parte de todos los que anteponen los intereses del Perú. Y no aprovechamiento político para continuar las mismas campañas desacreditadas que se han librado durante los últimos años. Lo que no quiere decir perder el sentido crítico o cuestionar el derecho a ubicarse en la oposición al actual gobierno. Uno puede deplorar el desempeño del ministro Liu, aprobar la separación del Procurador Ramírez y lamentar los nombramientos decididos por el presidente Vizcarra, pero no cruzar la frontera que lleva a regocijarse con las nuevas dificultades para investigar hasta las últimas consecuencias todos los casos de corrupción. Tenemos demasiados ejemplos del daño que nos ha hecho la división y peor aún la disimulación tras grandes ideales de intereses de grupos y facciones.
El día de hoy el candidato peruano a la Secretaría general de la OEA presentará sus propuestas e iniciativas en lo que sería su gestión entre 2020 y 2025. El embajador Hugo de Zela podría beneficiarse del enfrentamiento entre el saliente Luis Almagro y la ex ministra ecuatoriana María Fernanda Espinosa. De Zela fue uno de los principales articuladores del Grupo de Lima para hacer valer los principios democráticos ante el gobierno usurpador de Venezuela. Su largo desempeño como funcionario de la OEA permite esperar de él una dinamización del más antiguo organismo regional americano, que ha reducido su influencia bajo la actual gestión de Almagro. También ante la candidatura de Zela podríamos dar muestras de unidad, sin perder el espíritu crítico.
El Vaticano ha publicado hoy el documento con las conclusiones del Sínodo sobre la Amazonía, realizado en octubre pasado. Se trata también de un tema en el que nuestra soberanía tiene que adaptarse a exigencias de la comunidad internacional, puesto que el calentamiento climático no conoce de fronteras. En el documento el Papa Francisco se pronunció sobre un tema que es manzana de discordia dentro de la Iglesia: ¿se puede ordenar como sacerdotes a hombres casados, precisamente en lugares como la Amazonía, donde hay creyentes que no pueden asistir a una misa durante años por falta de clérigos? La respuesta es no.
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