Tras presentar su acusación contra la lideresa de Fuerza Popular y otras 41 personas, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato adelantó que fundamentará en una audiencia la necesidad de que se dicten restricciones contra Keiko Fujimori, las cuales "no se han estado cumpliendo" pese a que la Sala Penal de Apelaciones las estableció cuando la excarceló el año pasado.
El fiscal José Domingo Pérez informó que su despacho ha solicitado 30 años y 6 meses de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la administración de justicia, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
En declaraciones a la prensa, indicó que se ha solicitado, además, impedimento de salida del país y otras restricciones "que evitarán que se pueda obstruir o enturbiar el desarrollo de las siguientes etapas que corresponden al proceso penal". Consultado sobre la posibilidad de solicitar prisión preventiva para los acusados, dijo que en su despacho "son respetuosos" de las decisiones que previamente adoptó el Poder Judicial ante estos pedidos.
"Se han solicitado restricciones, prohibiciones de que se comuniquen con distintas personas (congresistas, magistrados, funcionarios de los órganos electorales, directivos de medios de comunicación y otros) que consideramos, sin necesidad de instar la prisión preventiva, se pueda cautelar el normal desarrollo del proceso contra la organización que lidera la acusada Keiko Fujimori", agregó.
Al ser consultado por una "intromisión" a la contienda electoral advertida por la propia Keiko Fujimori en sus redes sociales, el fiscal reiteró que se ha solicitado al Poder Judicial que se prohíba a Keiko Fujimori la posibilidad de que emita "estos comunicados que lo que origina es que se dificulte el normal desarrollo de los procesos porque se incita a que haya luego agresiones y aspectos que no permiten a las autoridades desenvolverse normalmente".
"Hemos solicitado la prohibición de que se obstruya el proceso a través de estos manifiestos que realiza la acusada Keiko Fujimori y que lo que develan es un desprecio a los funcionarios que cumplen su función de perseguir el crimen y acusar. Soy fiscal que persigue el crimen y mi obligación es acusar cuando hay la comisión de un delito. No puede ella manifestar, a través de redes sociales, esos agravios e incitar cualquier agresión en mi agravio o de quienes forman el equipo especial de fiscales", añadió.
Fiscal pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori
José Domingo Pérez explicó que la acusación es contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados, entre estos personas jurídicas, como el partido Fuerza Popular, la empresa MVV Bienes & Raíces (de Mark Vito Villanella), contra las cuales el fiscal ha solicitado su disolución y liquidación. Además, detalló que se ha solicitado penas de cárcel de 30 años y 10 meses.
El fiscal recordó que la fase de investigación preparatoria, que se inició el 19 de octubre del 2018, hasta la fecha, demandó 2 años y 4 meses de plazo. Esto significa, agregó, que la Fiscalía tomó menos de los 3 años del plazo que tenía debido a que contaban con "pruebas de cargo para solicitar fundadamente que se pase este caso a juicio oral". Al estar concluida la investigación, con las pruebas de cargo, Pérez señaló que era "obligación de la Fiscalía" presentar la acusación "para que los acusados puedan defenderse".
José Domingo Pérez dijo esperar que el Poder Judicial pueda llevar a cabo las audiencias correspondientes a la etapa intermedia para poder entrar a la etapa de juzgamiento. Sobre el plazo, señaló que esto no depende del Ministerio Público; no obstante, estimó que esto pueda darse "lo más pronto posible", de acuerdo con la carga procesal para programar audiencias.
Tras detallar que esta acusación consta de más de 13 mil folios, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato insistió en que se trata de un caso "sólido". "Estamos ante una organización criminal que precisamente ha realizado modalidades criminales y hemos presentado estos cargos para que sea el Poder Judicial quien los evalúe con las garantías que merecen los acusados", anotó.
En otro momento, el fiscal explicó que la investigación reveló el aporte de una persona con antecedentes por el delito de narcotráfico a la cual también se le incluyó en este caso como "actividad criminal previa". Pérez evitó dar detalles sobre los acuerdos de colaboración eficaz; no obstante, señaló que serán dados a conocer "llegado la oportunidad legal".
"Estamos evaluando, si es que se dan las condiciones en las cuales se busca generar algún tipo de amenaza o ventaja indebida hacia los testigos, tenemos que recurrir a los mecanismos que señala la ley procesal, como la prueba anticipada. Hoy he solicitado el encausamiento formal con la interposición de la acusación y ya la competencia es del Poder Judicial", comentó.
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