La orden de embargo fue emitida por la jueza Margarita Salcedo, quien declaró fundada la solicitud de la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, como parte del proceso penal contra el parlamentario José Luna Gálvez.
El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre 10 bienes inmuebles vinculados a la Universidad Privada Telesup S.A.C como parte del proceso penal contra el congresista José Luna Gálvez por el caso Lava Jato.
La juez Margarita Salcedo declaró fundada la solicitud realizada por la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, a fin de que se ordene la ejecución de estas medidas cautelares sobre las acciones y derechos que corresponden a dicha casa superior de estudios respecto a estos bienes consistentes en tres lotes, dos predios, dos inmuebles, una finca, un departamento y un terreno ubicados en Lima, Madre de Dios y Tacna.
La magistrada ordenó trabar embargo en forma de inscripción y orden de inhibición hasta por la suma de 122 millones 54 mil 774.25 soles sobre el 100% de las acciones y derechos que le corresponden a la Universidad Privada Telesup S.A.C respecto a estos 10 bienes inmuebles debido a su condición de “tercero civilmente responsable” dentro de esta investigación preparatoria.
Mediante una resolución emitida el último 22 de noviembre, la jueza Salcedo Guevara justificó su decisión al precisar que “de no asegurarse de manera inmediata mediante las medidas solicitadas la decisión final que el juzgado expida sobre la pretensión civil podría ser inejecutable pues el imputado podría eventualmente disponer de los bienes de su propiedad durante el transcurso del proceso, existiendo riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien, además de un evidente peligro en la demora siendo por lo tanto urge disponer las medidas cautelares de carácter real solicitadas”.
Investigaciones a José Luna Gálvez
El congresista José Luna Gálvez y otros son investigados en la Fiscalía por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político Solidaridad Nacional en 2011 y 2014.
Asimismo, el legislador afronta otra investigación preparatoria por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actual partido político Podemos Perú ante la ONPE.
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