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por Redacción RPP
·El pleno del Congreso de la República votará la denuncia constitucional contra la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, que propone inhabilitar de la función pública por cinco años.
La Junta de Fiscales Supremos se reunirá este miércoles 24 de mayo a las 4.30 p. m. para ver la denuncia constitucional que pesa sobre la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, en el Congreso de la República.
Como se recuerda, el último lunes Ávalos pidió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que convocara la junta de fiscales supremos, a fin de que puedan tocar el tema de su posible inhabilitación y la elaboración de un pronunciamiento por parte del Ministerio Público.
"En atención a que ha sido citada al Congreso de la República para este jueves 25 de mayo, donde se votará la denuncia constitucional que se me ha formulado y en la que se propone mi inhabilitación por el término de 5 años, solicito tenga a bien convocar, en el más breve plazo posible, una Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos", se puede leer en el documento enviado por Ávalos a Benavides.
Zoraida Ávalos acusó al Congreso de "linchamiento político"
La también exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien deberá presentarse ante el pleno del Congreso el próximo jueves, 25 de mayo para afrontar la denuncia constitucional en su contra, calificó de "linchamiento político" el accionar del Legislativo.
Ávalos es acusada de la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales respecto a las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.
De aprobarse en el pleno, la fiscal suprema podría ser inhabilitada de la función pública por un plazo de cinco años.
"Se me pretende inhabilitar porque dicen que he infringido el artículo 159 en su inciso 4 que dice que el Ministerio Público debe investigar desde un inicio, que fue lo que yo hice. Pretenden inhabilitar a la primera fiscal de la Nación en la historia que abrió investigación a dos presidentes por delitos que habrían cometido en su función", manifestó
"Esto para mi es un linchamiento político, pero, más que eso, es un ataque a la autonomía e independencia del sistema de administración de justicia", finalizó.
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