La investigación contra Keiko Fujimori se formalizó en agosto de 2018. | Fuente: Andina

Más de 30 años de prisión por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia es la acusación contra la candidata a la presidencia Keiko Fujimori por ocultar presuntas donaciones ilegítimas de Odebrecht y otras empresas en sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Tras más de dos años desde que inició sus primeras pesquisas, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez concluyó y presentó este jueves ante la Justicia el informe de su investigación a Keiko Fujimori, la hija y heredera política de expresidente Alberto Fujimori y líder del partido opositor Fuerza Popular.

Las acusaciones formales también se extienden a su esposo Mark Vito y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como al propio partido, para el que solicita que sea "disuelto y liquidado" en caso de resultar condenado por estos delitos.

Este anuncio llega en plena campaña electoral para las elecciones generales del 11 de abril en la que Keiko Fujimori y Fuerza Popular están en contienda y supone la culminación del primer paso legal que puede llevar a la condena de la política y su entorno.

La acusación fiscal establece 19 medidas cautelares contra Keiko Fujimori, mientras dure el proceso judicial y de ser aprobadas por el juez Víctor Zúñiga, algunas de ellas impedirían que la candidata continúe con sus actividades de proselitismo en el interior del país. 

Medidas cautelares solicitadas contra Keiko Fujimori:

 

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