El expresidente del Instituto Peruano del Deporte es investigado por su supuesta participación en la red de corrupción de Rodolfo Orellana y el caso Antalsis.
La suerte del expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Francisco Boza, ha quedado en poder de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que este martes 27 de diciembre resolverá si ordena la prisión preventiva para el exdirigente.
Si fallan a favor, Boza tendrá que ir por 18 meses a una cárcel local mientras es procesado por su supuesto vínculo con el empresario Rodolfo Orellana y el caso Antalsis.
La justicia investiga al exdirigente en la supuesta participación de negocios para beneficiar a la empresa española Antalsis y lograr que gane licitaciones para la remodelación del polideportivo del estadio Elías Aguirre de Chiclayo. El perjuicio al Estado por esta obra irregular bordea el millón 700 mil soles.
Detalles. La audiencia pública se realizará a las 9 de la mañana en la sede de la institución en el Cercado de Lima. El Tribunal Superior va a analizar la apelación que presentó el juez anticorrupción Elmer Chirre que pedía dejar sin efecto otra resolución del juez Ángel Mendivil quien pidió la comparecencia restringida para Boza.
También había pedido que se sujete a reglas de conducta durante la investigación preparatoria. Los delitos por los que se le acusan son colusión y asociación ilícita para delinquir.
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